Los buenos impuestos

Los impuestos cubren hoy unos gastos que, para sacarlo de nuestra inmediatez apasionada, en la UE se consideran ineludibles, pues se aprobaron 2,2 millones de millones entre 2021 y 2027, para las secuelas del Covid-19, la guerra de Ucrania, y contrarrestar los inmensos subsidios medioambientales de Estados Unidos. Predicar rebajas de impuestos puede ser una política rentable, pero ahora es mala economía, y no resulta paradójico que un socialista como Scholz frene el gasto en Europa, y un liberal como Macron, igual que la extrema derecha de Meloni, no quieran, y tengan los déficits públicos más grandes de la UE. En España el gasto público pesa sólo el 42%, del producto, para un 50% medio de los 8 principales de la UE, y de él casi el 60% son compromisos de seguridad social, laborales y transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos; y el otro 40% apoyos a sectores productivos, seguridad y defensa, sanidad, educación, justicia, e intereses de la deuda. Si vemos los ingresos, casi el 40% sale de las rentas salariales, el 33% del consumo, 13% los beneficios de las empresas, y el resto del capital, sucesiones y donaciones, patrimonios, impuestos especiales y sobre la energía. Está claro que el peso de los impuestos cae sobre los asalariados y los consumidores. En España se ha conseguido equilibrar muy bien gastos e ingresos, por lo que el tipo de interés que pagamos por nuestra deuda a 10 años no llega al 3,5%, mientras que en Italia el Gobierno de Meloni paga un punto más (esto le supone a Italia unos 20.000 millones de euros anuales más). En esta línea, Edward Parker y Marko Mrsnik, de Fitch y S&P, advierten de bajadas de rating a países que no tengan una estructura fiscal sólida, lo que incluye una buena recaudación por seguridad social.

Dos personas que trabajan deciden invertir una en formación, y la otra en un piso; la que invierte en formación asciende profesionalmente y gana algún dinero más, y la otra quizás gane menos, y tiene las rentas del alquiler. El incremento de renta sufre una fiscalidad progresiva muy alta, y la de alquiler es bajísima. Cuando se jubilan, una no puede sacar rendimiento a su formación, ya que la Seguridad Social prohíbe percibir rentas del trabajo, pero la otra sigue disfrutando de las rentas del piso. La inversión en capital está fiscalmente mucho mejor tratada que la de capital humano, o formación, no sólo durante la vida laboral, sino después. Lo sufren especialmente las clases medias y medias altas, a las que se dificulta ahorrar y progresar con sus sueldos. Dicho esto, nunca habrá acuerdo sobre cómo tratar a quien puede eludir impuestos, o qué es un beneficio excepcional en circunstancias como guerra o enfermedad. Nuestro admirado liberal John Stuart Mill se oponía a gravar el ahorro fruto de la diligencia y el esfuerzo en el trabajo y la empresa, pero en la Inglaterra de poderosos rentistas, proponía impuestos radicales sobre sucesiones y riqueza obtenidas sin esfuerzo. Es peculiar ver cómo lo liberal oscila entre la defensa de lo social o de la plutocracia, sobre todo en momentos de tribulación, cuando la guerra, la enfermedad, o el cambio climático, socavan las bases más o menos consensuadas de la hacienda pública, considerada como una forma de convivencia.