Estado del bienestar

En los años 80, el gasto público en España pasó de 30.000 a 100.000 (en 1988) millones de euros y a 200.000 en 1995 y su peso en el PIB desde el 31%, al 40 y 44%. El pasado año, el presupuesto de gastos del conjunto de las administraciones públicas fue de 634.297 millones, el 47,8% del PIB. La dinámica del gasto público refleja el impulso del estado del bienestar con la llegada de la democracia, que básicamente consiste en reducir la desigualdad y garantizar la cobertura pública de las necesidades básicas de la población.

De los datos anteriores se deduce que el bienestar resulta caro y que hemos avanzado de forma muy notable en las últimas cuatro décadas, aunque todavía a cierta distancia de otros países cercanos. En la Eurozona el porcentaje asciende al 50,7% y en la UE al (49,7%), con Francia (58,1), Italia (56,7), Bélgica (53,5), Finlandia (53,4) y Austria (52,7) a la cabeza. La relación entre bienestar y gasto público no es, sin embargo, tan clara como parece. Por un lado, Grecia, el siguiente en el ranking (52,5), tiene en el excesivo tamaño de su sector público la principal causa de los graves problemas de su economía, tras la crisis de 2008. Por otro, Dinamarca (45%), Holanda (43,5%) e Irlanda (21,3%), la economía europea más dinámica de las últimas décadas, se mantienen entre las más prósperas con un tamaño del estado bastante inferior al de España.

El peso del estado tiende a aumentar porque la demanda de servicios públicos también lo hace, según Musgrave, con el nivel de desarrollo. Otra explicación más preocupante de la expansión del gasto público es conocida como ilusión fiscal: el demandante de servicios públicos interpreta de manera individual el beneficio de la prestación, pero repartido entre todos el coste de producirla o simplemente soportado de manera indirecta.

Una publicación reciente del Banco de España (Documentos Ocasionales 2027) compara el gasto público en España y en la UE. En España, el 70% se dedica a gastos sociales (pensiones, transferencias sociales y similares) y sueldos de los funcionarios y de la comparación se deduce que en todas las partidas, salvo en intereses de la deuda y costes de personal, el peso relativo sobre el PIB es inferior que en Europa. Especialmente significativo es el caso de la inversión pública, que en España (2,8%) es muy inferior a la UE 28 (4,3%).

Frente al sesgo hacia el gasto en prestaciones sociales e intereses, también destaca la publicación el menor peso del gasto en educación. Desde el punto de vista de la igualdad, es interesante la distinción entre políticas redistributivas premercado y posmercado. Las primeras previenen la desigualdad y, por lo tanto, son las más efectivas, como sería el caso de la educación y la inversión pública. Las segundas intervienen cuando la desigualdad existe y, por tanto, son menos efectivas. Sería el caso del gasto en sanidad o en políticas sociales. La conclusión es que la verdadera apuesta por un gasto público más orientado hacia el bienestar (servicios públicos e igualdad) exigiría mayor esfuerzo en inversiones públicas y educación y reducir servidumbres ineficientes, como el pago de intereses y la duplicidad administrativa.