El agua, problema antiguo que de pronto es urgente

Hay zonas donde la escasez de agua es secular, pero la presión urbana, industrial y sobre todo agrícola, hace la situación insostenible. Salvo el norte, cuenca del Miño-Sil frontera con Portugal, y la del Júcar, España tiene un riesgo alto y permanente de escasez, y Andalucía muy alto según el World Resources Institute. Alrededor de 80%, 20% y 10% son los porcentajes que consume agricultura y ganadería, industria, y uso doméstico; pero hay que buscar eficiencia en cualquier consumo. Gastamos unos 130 litros de agua por persona y día en uso doméstico, por encima de la media de la UE, y hay una pérdida entre el agua suministrada y la facturada, que es del 25%, con datos de EurEau. Para cualquier solución que se proponga en una ciudad con recursos, siempre encontrará la autoridad un problema; pero hay tecnologías de sistemas acústicos para medir flujos, y emitir un mensaje automático de alarma al consumidor; hay drones que, además de servir para la guerra o como atracciones de feria, detectan fugas subterráneas; y no es algo insuperable montar tuberías paralelas para llevar agua no potable a jardines y piscinas, a un precio razonable, pues el coste del abastecimiento es el 35% de la factura, 18% desalación, y 40% saneamiento y depuración.

Claro que la comunidad autónoma, ayuntamientos, las explotaciones afectadas actúan, pero no hay una estrategia, una visión de futuro sobre la escasez de agua. Cualquier actividad, hostelería, industrial, agrícola, que usa el agua como factor de producción tiene que calcular en escenarios probables, qué precio puede pagar por ella sin que le afecte significativamente, y publicar un objetivo de reducción de consumo. Esto es fundamental en agricultura, donde el coste de proporcionar el agua puede hacer no rentable un cultivo.

Ahora que se reclaman actuaciones de urgencia, aparecen explotaciones al margen de la legalidad del territorio, y fiscal, que pretenden consolidarse, lo que es injusto para quien tiene todo en orden, y un quebradero de cabeza para la administración pública que se mueve entre la impopularidad de no regularizar, y el riesgo de comprometerse.

Hace muchos años un buen amigo, Paolo Bifani, que trabajaba en Naciones Unidas desde Ginebra en desarrollo sostenible para Kenia, me contaba que su mujer había hecho una campaña y conseguido fondos para comprar una vaca suiza y donarla a una comunidad. Estaban muy contentos con hacer ese regalo, y Paolo en uno de sus viajes llevó una foto polaroid del animal. Pero cuando la vieron las mujeres movieron la cabeza y dijeron que no podían aceptarla. “¿Por qué no?” –les preguntó mi amigo–. “Es imposible –dijeron las mujeres–, porque esa vaca es muy grande, beberá mucha agua, y nosotras tenemos que andar casi dos kilómetros para ir al pozo”. Esta frustrante realidad de que algo no es posible en un lugar y en unas circunstancias, no significa que abandonemos cultivos que tienen su técnica, canales de comercialización, marca, y que podrían salvarse o virar hacia otro tipo de producto. Poner fin a una actividad legalmente desarrollada es siempre un fracaso, y para evitarlo la comunidad autónoma, el ayuntamiento, tienen que ser capaces de dar respuestas, y desde luego la empresa.