Los problemas de salud mental se han evidenciado con una intensidad relevante especialmente a raíz de la pandemia generada por la Covid-19. La incidencia de diversas patologías mentales con especial mención a la depresión es cada mes mayor y, sobre todo, se atiende cada vez con más dificultad por falta de recursos.

Ha llegado el momento de organizar una respuesta institucional enmarcada en la recientemente aprobada estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud y que incorpore a la cartera de servicios la atención psicológica.

Los pacientes con determinadas patologías o problemas de salud mental y siempre de manera protocolizada a criterio del médico de atención primaria, deberían poder acceder al apoyo psicológico como un derecho más haciendo factible el acceso a los recursos asistenciales que pueden ofrecerse tanto con profesionales del propio sistema sanitario, como con profesionales del sector privado, que deberían estar vinculados mediante los oportunos conciertos.

La intervención precoz ante los primeros signos y el apoyo psicológico adecuado ofrecido por los profesionales de la psicología se constituye en un elemento de vital importancia para reconducir y resolver muchos problemas. En el caso de la depresión, claramente sería una respuesta institucional que ayudaría a los pacientes de manera determinante evitando incluso muchas de las situaciones que desgraciadamente llegan a las autolesiones y al suicidio. La prevención del suicidio es un objetivo más factible si, a las medidas ya en marcha, se suman las que posibiliten el acceso al apoyo psicólogo en todos los casos necesarios.

Independientemente de que el número de psicólogos en España probablemente debiera incrementarse, los más de 33.000 que las estadísticas señalan que están disponibles en nuestro país, son un recurso con un enorme potencial de apoyo a los problemas y necesidades de los pacientes y debe aprovecharse en el marco de una estrategia perfectamente diseñada, que debería abordar el Sistema Nacional de Salud de manera prioritaria. Ello, además de planificar las necesidades de profesionales de la psicología clínica en el número adecuado y acometer los procesos que lleven al objetivo deseado a medio y largo plazo.

Por lo tanto, dar el paso de incorporar la atención y el apoyo psicológico como una prestación de nuestra cartera de servicios para asegurar acceso y equidad, es un asunto que hay que incorporar a la agenda política sanitaria. Junto a ello, conviene seguir alimentando el debate social y hacer posible desmitificar y quitar el estigma a los problemas de salud mental porque es un requisito para que aflore de verdad la dimensión epidemiológica a la que hemos de enfrentarnos.

Especial atención debemos mostrar a la problemática de salud mental que afecta a determinados grupos poblacionales como es el caso de los adolescentes o a determinados escenarios y espacios en los que se dan fenómenos como el acoso en el ámbito escolar o en el ámbito laboral.

Por eso, es más que oportuno, urgente y adecuado trabajar intensamente y priorizar la respuesta institucional a los problemas de salud mental y hacer posible que, cuanto antes, el Sistema Nacional de Salud esté suficientemente preparado para ello, desplegando la Estrategia señalada y apostando por esta nueva prestación.

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