La casi desaparición de Sucesiones y Donaciones es una realidad, aunque sin llegar a los niveles de Madrid, Aragón o Canarias, donde las bonificaciones también alcanzan a hermanos, tíos o sobrinos. También se ha reducido en un 50% Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y se ha reformado la estructura de la tarifa autonómica del IRPF, por lo que puede afirmarse que la "bajada masiva de impuestos" prometida por Moreno habría comenzado a producirse, pero, ¿cómo se refleja en los Presupuestos para este año?

Es significativo que, reduciéndose la recaudación en algunos impuestos, después de prometer el adelgazamiento del sector público, el Presupuesto de la Junta para 2019 sea un 5% mayor que el del año pasado. Observando el detalle de las partidas de ingresos es fácil apreciar tres grandes variaciones. La primera es una caída del 21% (algo más de 80 millones de euros) en la recaudación Sucesiones y Donaciones, aunque la relevancia del impuesto es limitada dentro del total (0,85%). La segunda, un aumento significativo en ingresos por venta de patrimonio (169%) y de activos financieros (218%). También se trata de partidas pequeñas dentro del conjunto, pero expresivas de la voluntad de la Junta de aligerar el tamaño de los activos en su poder. Por último, hay un aumento significativo de las transferencias de capital del Estado, debido al aumento de las ayudas a la adquisición de viviendas y, sobre todo, a la reactivación del Plan de Formación e Inserción Profesional. Menos visibles son los cambios esperados en la recaudación por Transmisiones y AJD y por IRPF, probablemente debido al carácter transitorio, en palabras de consejero de Hacienda, de estos presupuestos.

Los Presupuestos deben servir para financiar la actividad del sector público, pero también para otras cosas. Por ejemplo, para la redistribución de rentas y la consecución de objetivos sociales. También para defender la competitividad de la economía, especialmente en estos momentos de acaloramiento sobre la competencia fiscal entre territorios, a raíz de las denuncias sobre las estrategias tributarias de las multinacionales de trasladar los beneficios donde la presión fiscal es más reducida.

La intoxicación partidista del debate presupuestario lleva a calificar como buenos unos presupuestos en función del volumen de recursos de contenido social, pero la realidad es que deberían perseguir una solución equilibrada de los tres aspectos señalados: suficiencia para permitir el funcionamiento del Estado, progresividad en el establecimiento de metas sociales y defensa de la competitividad. Para esto último es conveniente observar las tendencias de la fiscalidad internacional, donde la imposición indirecta tiende a aumentar en detrimento de la directa. El problema es que, puesto que los impuestos directos tienen mayor potencia redistributiva, el reforzamiento de los indirectos debilita la progresividad del sistema. El bajo nivel de la presión fiscal en España, proporciona, sin embargo, un cierto margen de maniobra, especialmente en caso del IVA, aunque no tanto porque los tipos sean mucho más bajos, como por el exceso de bonificaciones y el tamaño del fraude.