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El decreto de ahorro energético del Gobierno es un ejercicio insuperable de improvisación y de descrédito ante la Unión Europea (UE). Tras haber conseguido una excepción energética para España y un tratamiento favorable en las exigencias de ahorro energético, del 15% al 7%, la ejecución del acuerdo energético no puede ser de mayor descrédito. El Gobierno no ha tenido en cuenta la diversidad de España. Más grave es que no se haya consultado y solicitado la cooperación de las comunidades autónomas y las asociaciones empresariales sectoriales. El resultado es un decreto que no garantiza el ahorro energético al que nos comprometemos. Una vez más el Gobierno ha hecho alarde de torpeza, autoritarismo y falta de diálogo. Tampoco el PP ha tenido un comportamiento encomiable. La postura populista de Isabel Díaz Ayuso proclamando el eslogan de "Madrid no se apaga" no es un mensaje positivo para la UE. No todas las autonomías del PP han reaccionado igual. Eso sí, todas han invocado la necesaria consulta e información previas, así como la necesaria cooperación. No se han negado a su implantación, aunque sí han solicitado un retraso en su aplicación para incorporar sus propuestas y conseguir un decreto más flexible y adaptado a las singularidades del tejido productivo de cada comunidad. El Gobierno se ha negado, aunque ha dejado la puerta abierta a que se incorporen las propuestas al plan de contingencia energética que enviará a Bruselas en septiembre.
La habilidad y capacidad persuasiva que tuvo el Gobierno para convencer al Consejo Europeo de que debían de contemplarse las singularidades energéticas de España ,consiguiendo un tratamiento especial en la determinación del precio del gas y en el porcentaje de ahorro energético, no se ha tenido ahora para hacer un tratamiento flexible y diferenciado por comunidades y sectores económicos. El resultado de todo es el descrédito ante el Consejo Europeo, que puede pensar que España no es de fiar. Es un momento clave en el que España necesita la ayuda de la UE para superar la crisis y hacer frente a la necesaria transformación y transición energética con la ayuda de los fondos del Next Generation. La recepción de la totalidad de estos fondos esta condicionada a la ejecución de las reformas comprometidas ante Bruselas.
Es imperioso que España mejore su credibilidad ante la UE. Esta semana la Comisión Europea ha objetado que en la reforma de las pensiones, la sustitución del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equivalencia interregional no garantiza la sostenibilidad del sistema hasta el año 2050 como afirma el Gobierno español y exige un mecanismo automático de total garantía. Más credibilidad, ya que una vez que el BCE ha iniciado la retirada de liquidez y la subida de los tipos, España va a necesitar la ayuda del mecanismo anti fragmentación (TPI) para que la deuda pública no se vea sometida a especulación y se dispare la prima de riesgo . Pero esta ayuda está condicionada a las reformas comprometidas y a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Nos enfrentamos a una época de crisis y transformación en la que las habilidades negociadoras ante la UE deberán ir acompañadas por la credibilidad qué aporta el cumplimiento de las promesas.
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