Desde que la confirmación de la (dura) derrota del 28-M movió al presidente del Gobierno a usar su prerrogativa constitucional para disolver las Cámaras y anticipar las elecciones a Cortes Generales, estuvo claro que Pedro Sánchez tomó esa repentina decisión –que no fue irreflexiva– por tres razones: silenciar el ruido interno en el PSOE que cuestionase su liderazgo, evitar más de desgaste por un incierto apoyo parlamentario y, sobre todo, aprovechar los pactos con Vox que los resultados locales y autonómicos exigían al PP para hacer realidad el acceso al poder institucional que arrebataba a gobiernos de izquierda presididos por socialistas.

En plena campaña ya de este 23-J, Sánchez ha conseguido esos objetivos con facilidad y ha logrado que mejoren las opciones de que el bloque de la izquierda mantenga el poder Ejecutivo. ¿Hasta qué punto? Sólo la voz colectiva de millones de votos de españoles lo dirá en poco más de dos semanas.

Sin embargo, hay elementos que nos permiten ver que la modificación del tablero no es ni mucho menos definitiva.

Las razones que movieron a muchos a expresar su rechazo al candidato socialista –el paradigma es que le llamen perro Sánchez– siguen vigentes: no podrá gobernar sin acudir a los extremos. Ni siquiera el velo de Sumar edulcora a Podemos: ha tenido que rectificar de inmediato su idea totalitaria de laminar a periodistas. Y sobre todo: no podrá seguir en el poder, salvo en el imaginario de Tezanos, sin apoyo de Bildu o ERC.

En el bloque de la derecha, a una parte no le chirría pactar con Vox. Y para los que no quieren a Santiago Abascal en el Ejecutivo, su programa ultramontano centra al PP y puede mover a que muchos electores barajen, como ya pasara en Andalucía, dar una mayoría fuerte a Alberto Núñez Feijóo que libere a España de los extremos.