En su recién publicado informe sobre Percepción de la Corrupción en 2023, Transparencia Internacional coloca a España en el puesto 36 de 180 países y en el 14 de los 27 de la UE. La puntuación es de 60 sobre 100, la misma que el año pasado, aunque volvemos a descender un puesto. También es la misma nota que en 2014 (posición 35), pero en 2004, teníamos 11 puntos más (71 sobre 100, nuestro máximo) y estábamos en el puesto 22, así que vamos a peor. Especialmente desde 2020, porque hemos descendido cuatro puestos desde entonces, justo cuando Sánchez se hizo con el poder, tras la moción de censura a Rajoy por corrupción.

La corrupción existe porque existen los gobiernos y las administraciones públicas. La afirmación puede ser excesiva, porque también existe en la esfera privada, aunque con otras denominaciones. Cuando un político o un funcionario es dotado del poder necesario para administrar el interés general y lo utiliza en beneficio propio, estamos ante un caso claro de corrupción. Dicho de esta forma resulta un concepto preciso y bien acotado, pero la realidad es más compleja, básicamente porque no hay nada de ilegítimo en la búsqueda del beneficio privado, incluso entre los administradores públicos, salvo si conlleva perjuicios para el conjunto de la sociedad o para terceros por abuso de poder o de posición.

Visto de esta forma, las iniciativas que benefician al político o al funcionario que resultan indiferentes al interés general quedarían en una especie de limbo ético impreciso, en el que a veces se incluyen licencias bastante controvertidas. La tesis de S. Braguinsky (1996) sostiene que en países donde el entramado institucional es muy frágil, la corrupción es la única forma de conseguir que algunas cosas imprescindibles funcionen. En sentido contrario, el exceso de garantías también puede ser fuente de corrupción, cuando alimentan una burocracia que frena el crecimiento y provoca un bucle de ineficiencia que perjudica a la economía y, por extensión, también al interés general.

El principal efecto económico de la corrupción es su interferencia en la asignación de los recursos. La corrupción aumenta con el beneficio que proporciona y disminuye con la probabilidad y el coste de ser descubierto, lo que significa que entre sus causas fundamentales está, además de la retribución de políticos y funcionarios, la fortaleza de las instituciones, cuya pieza fundamental son las leyes. A las instituciones corresponde proveer a la sociedad de los incentivos que permitan una asignación eficiente de los recursos. Esto se traduce en que la prosperidad de una sociedad aumenta con los estímulos al esfuerzo y al trabajo como método de progreso personal y disminuye con el corporativismo y el enchufe. En última instancia se trata de que funcionen los mecanismos que permiten establecer las prioridades con transparencia y honestidad. Algo difícil de imaginar cuando las leyes se modifican por intereses particulares, los políticos se consideran legitimados para el control de la justicia o cuando intervienen en las instituciones para impedir su independencia. No solo lo digo yo, también Transparencia Internacional en su análisis del caso español.