Un grupo de ciudadanos pide el secuestro del 'Diccionario Biográfico'

Un colectivo denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía al director de la Real Academia de la Historia, el director técnico de la obra y algunos de sus autores

El profesor Emilio García Wiedemann atiende a los medios de comunicación.
El profesor Emilio García Wiedemann atiende a los medios de comunicación.

Un colectivo ciudadano presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía contra los autores de la Real Academia de la Historia responsables de la redacción de las biografías de personajes vinculados al franquismo en el Diccionario Biográfico Español, por considerar que se ha podido incurrir en un delito de difusión de informaciones injuriosas y en otro de difusión de ideas que justifican el genocidio, por lo que piden el secuestro de la obra.

La denuncia va dirigida concretamente contra el director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes, y el director técnico del Diccionario BibliográficoEspañol, Jaime Olmedo Ramos, además de contra un total de siete autores responsables de las entradas de las biografías del dictador Francisco Franco, Manuel Azaña, Santiago Carrillo y Carlos Asensio Cabanillas, entre otros.

El portavoz de este colectivo ciudadano, el profesor de la Universidad de Granada Emilio García Wiedemann, considera que todos los contenidos relativos al golpe de Estado de 1936 y sus consecuencias "falsifican" y "manipulan" la realidad, negando el carácter sangriento de la represión franquista, definiendo la Guerra Civil como "una cruzada o guerra de liberación" o considerando que el régimen de Franco fue autoritario pero no totalitario.

Así, los denunciantes consideran que la Real Academia de la Historia ha incumplido el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Educación para ofrecer una versión "ecuánime" de las biografías recogidas en la publicación, que "en ninguna de sus entradas señala que la represión de Franco sesgó la vida de entre 130.000 y 150.000 personas durante la guerra".

De hecho, el portavoz del colectivo afirmó que con estas entradas en el diccionario se pretende "restablecer el régimen franquista". Así, advierte de que en esta ocasión los expertos no podrán defenderse en la libertad de expresión o de cátedra, dado que estas bibliografías suponen, a su juicio, una "injuria y una burla para cada una de las víctimas" de la represión.

Por ello, los ciudadanos denunciantes solicitan a la Fiscalía Superior de Andalucía que abra una investigación tendente a secuestrar los tomos que contengan entradas "injuriosas" sobre el franquismo de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica para que sean cotejadas y elaboradas de nuevo; así como la devolución de la subvención de 5,8 millones de euros que recibió la Real Academia de la Historia para elaborar esta obra.

También confían en que el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, dé traslado de la denuncia a la Fiscalía General del Estado, dado que la intención es colgar en internet el documento para que cualquier ciudadano pueda firmarla y presentará en la Fiscalía de su provincia.

Hasta la fecha ya han respaldado el documento con sus firmas unas 800 personas, según este portavoz, que se muestra optimista respecto a que la Justicia les dé la razón a tenor de la "solvente" argumentación jurídica en que se basa la denuncia, de casi un centenar de folios.

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