El Congreso aprueba la 'Ley Sinde' y los internautas la llevarán al Constitucional

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible conocida como Ley Sinde para luchar contra las descargas ilegales de contenidos en internet. La norma fue aprobada por 323 votos a favor -PSOE, PP y CiU-, 19 en contra -PNV, ERC, IU-ICV, BNG, CC, UPyD y Na-Bai- y una abstención. El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, aseguró que este colectivo seguirá "siendo beligerante" con la ley y anunció su intención de recurrirla al Tribunal Constitucional por entender que "es una norma arbitraria y que genera inseguridad jurídica tanto a los creadores como a los internautas".

Por su parte, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, afirmó que la aprobación de la ley supone una "buena noticia no sólo para la cultura sino también para los ciudadanos". "Es una oportunidad para el país, para generar empleo y defender nuestra lengua, que tiene potencial de crecimiento", añadió.

Después de haber sido rechazada el pasado diciembre en esta misma Cámara, PSOE, PP y CiU pactaron una enmienda para reflotarla en el Senado, que fue aprobada el 9 de febrero, devolviéndose así ligeramente modificado el texto al Congreso, que ayer lo ratificó con los votos, de nuevo, de esas tres formaciones.

El siguiente paso de esta norma será su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se espera para esta semana, después de lo cual se procederá al desarrollo de su reglamento y a la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual. De esta manera, podría entrar en vigor en torno al próximo verano, según adelantó hace unos días la ministra Ángeles González-Sinde.

La propia titular de Cultura defendió, después del acuerdo alcanzado en el Senado por los tres grupos mayoritarios en enero, que el nuevo texto pactado en forma de enmienda incluía más garantías judiciales y respetaba los derechos fundamentales de todas las partes, creadores e internautas, algo que, en cualquier caso, no convenció a las asociaciones de internautas.

Entre los puntos destacados de la norma figuran el bloqueo o cierre en un máximo de diez días de páginas web desde las que se puedan descargar obras protegidas por derechos de autor, así como la creación de una comisión administrativa -con funciones de mediación y arbitraje- para dirimir este tipo de conflictos, siempre a partir de denuncias particulares. Desde el primer momento todo el proceso estará tutelado por un juez.

Por eso, toda petición de cierre o bloqueo de una web tendrá que contar con una autorización judicial, que tendrá 24 horas para aceptar o rechazar la denuncia. Si se acepta, las páginas están obligadas a dar los datos para proceder a la identificación de quienes están detrás de la web en cuestión. Ahí entra en juego la comisión, que pedirá la retirada del contenido ilegal antes de 48 horas. Tras estos pasos, el cierre de la web requiere de nuevo autorización judicial, en caso de no haber alcanzado un acuerdo entre las partes.

Además, en el acuerdo alcanzado en el Senado el PP logró introducir en este texto el compromiso del Gobierno de modificar el canon digital en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, después de que la Unión Europea lo declarara ilegal.

Los internautas, siempre beligerantes con esta ley, llevan meses posicionándose en contra y expresando abiertamente su rechazo, a pesar de lo cual no han podido evitar que llegara hasta el final de su camino. En cualquier caso, han puesto en marcha incluso una campaña informativa en www.nolesvotes.com que pide no dar el voto a PSOE, PP y CiU en las elecciones municipales del 22 de mayo.

"Vamos a ser igual de beligerantes que fuimos en su día con el canon digital y se va a cometer otra vez el mismo error", indicó ayer Víctor Domingo, que afirmó que "hoy -ayer para el lector- no es un gran día para nuestra historia democrática ni un día que se vaya a recordar con alegría".

La polémica norma se aprueba dos días después de la entrega de los premios Goya, donde los internautas también se dejaron ver, y escuchar, con todo tipo de improperios contra los actores y los miembros del Gobierno allí presentes. Sólo se llevó aplausos esa noche el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, a quien su intento de mediar entre las partes ha terminado convirtiéndole en el preferido de los internautas.