El presidente de Egipto, Mohamed Mursi, dijo en un discurso que no quiere recurrir a sus poderes excepcionales, pero que lo hará si ve el país en peligro, y defendió que su objetivo es conseguir "la estabilidad política, social y económica". En su alocución ante una concentración de sus seguidores frente al Palacio Presidencial tras haber blindado todos sus poderes ante la Justicia, Mursi acusó a "quienes se esconden detrás de los jueces" por querer hacer descarrilar la transición a la democracia. "No me gusta ni quiero utilizar procedimientos excepcionales, pero si veo que mi país está en peligro lo haré, porque es mi deber", señaló, al tiempo que aseguró que tiende la mano a la "oposición real". "Respetamos la institución judicial, porque en ella hay muchos individuos limpios, pero estamos frente a quienes se esconden tras ella. Los desenmascararemos; que no se piensen que no los vemos", agregó.

Mursi insistió en que no pretende concentrar todos los poderes, como sucede ahora, al reunir en su persona el Ejecutivo y el Legislativo y ordenar ahora que todas sus decisiones sean "inapelables y definitivas". En su declaración presidencial del jueves, también decretó que la Asamblea Constituyente y la Cámara Alta no puedan ser disueltas por la Justicia.

Mientras Mursi hablaba, decenas de miles de personas se concentraron en la plaza Tahrir de El Cairo y en otras ciudades egipcias convocados por la oposición no islamista para mostrar su rechazo a unas medidas que, dicen, convierten al mandatario en un "nuevo faraón". Las unidades antidisturbios de la policía cargaron con gases lacrimógenos contra una parte de los manifestantes, que respondieron con el lanzamiento de piedras.

El discurso de Mursi adquirió por momentos un carácter conciliador, pese a ser pronunciado desde un escenario del Partido Libertad y Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes. "Estoy con todos los habitantes de Egipto, sean partidarios o detractores. Pertenezco a todos y no apoyo a ningún grupo sobre otro", aseguró. Por ello, explicó que su declaración constitucional "no tiene como objetivo arreglar cuentas con nadie" y añadió que desea una oposición real y fuerte, "y no matones pagados para atacar las instituciones de Estado". "No dudaremos en aplicar la ley con firmeza contra quienes estén fuera de ella", dijo, al referirse específicamente a quienes "obstaculicen la producción, corten carreteras o lancen piedras". El presidente aseguró conocer de antemano el fallo judicial que iba a ordenar la disolución de la Cámara Alta, algo que consideró "ilógico". Por último, aseveró que él no desea la responsabilidad legislativa, y que procurará la independencia de los tres poderes una vez se haya aprobado una Constitución.