Ley del cambio climático

¿Cuáles son los coches que quiere prohibir el Gobierno de Pedro Sánchez en 2040?

  • El ejecutivo ha señalado que todos los coches que emitan CO2 estará prohibida su venta dentro de dos décadas. Analizamos aquí qué vehículos podrían prohibirse.

Los coches diésel estarán prohibidos en 2040 según el Gobierno. Los coches diésel estarán prohibidos en 2040 según el Gobierno.

Los coches diésel estarán prohibidos en 2040 según el Gobierno. / A. Carmona

Comentarios 17

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sorprendido a todos a lo largo del martes con una noticia impactante. Se trata de la prohibición de coches con motor de combustión para 2040. Es decir, a partir de esta fecha, dentro de 22 años, en España no se podrán comercializar ningún tipo de coche que emita CO2 de forma directa.

Sin embargo, ¿qué significa esto? ¿Qué coches no se podrán vender en 2040? Pues bien, antes de responder a esta pregunta, conviene señalar que de momento no hay nada aprobado ni nada definitivo. Lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez es preparar una futura ley del cambio climático  y transición energética y con esta ley lo que busca es el mayor acuerdo posible.

Dicho esto, lo que esta nueva ley propone es que para 2040, no se vendan coches con motores que expulsen dióxido de carbono (CO2). ¿Y cuáles son estos motores? Pues aquí tenemos que señalar que prácticamente todos los que se venden hasta ahora. Hablamos de los motores de gasolina, los diésel, los de GLP (Gas Licuado del Petróleo) y los de GNC (Gas Natural Comprimido). Esta futura normativa también afectaría a los híbridos, puesto que a día de hoy, los principales híbridos que existen en el mercado tienen como motor principal un propulsor de gasolina.

Los eléctricos no tendrían ninguna limitación en 2040. Los eléctricos no tendrían ninguna limitación en 2040.

Los eléctricos no tendrían ninguna limitación en 2040.

Por tanto, ¿qué modelos se comercializarán? Pues nos quedarían los que son 100% eléctricos y los de pila de combustible o alimentados por hidrógeno, que también son 100% eléctricos. Está por ver, por tanto, qué ocurre con los híbridos enchufables, puesto que estos modelos siguen teniendo un motor de gasolina que sí emite CO2.

El Gobierno pide tranquilidad

No obstante, desde el Gobierno han querido mandar un mensaje de “tranquilidad”, en boca de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ya que la futura ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno está "en línea con lo que están haciendo otros países" como Francia.

Maroto se ha referido a los planes del Gobierno de prohibir por una parte la venta de todos los vehículos ligeros que emiten de forma directa dióxido de carbono (los diésel, gasolina, híbridos o los propulsados por gas) a partir del año 2040 y por otra parte conseguir que el sistema eléctrico español se base exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050.

La ministra ha dicho que el Gobierno está trabajando con el sector en la transición a un modelo eléctrico de movilidad y ha asegurado que este ha asumido también que "no hay argumentos para diferenciar" entre el diésel y la gasolina desde el punto de vista de la fiscalidad y, por lo tanto, "comprenden perfectamente que haya una nivelación".

Maroto ha insistido en que los ciudadanos "por supuesto que pueden comprar" un vehículo diésel porque cuando el impuesto se apruebe finalmente "el encarecimiento  apenas va a ser de tres euros" y ha señalado que se está trabajando en la definición de las inversiones que el sector "necesita para hacer la transición hacia la electrificación". 

A su juicio, el año 2040 es un horizonte "prudente" en el que ya están otros países como Francia, donde se ubican "las principales empresas matrices de los fabricantes", también instaladas en España.

Ha añadido que este cambio "conservador" está recogido en una ley de cambio climático que, actualmente, "no deja de ser un documento de trabajo" que compartirá el Gobierno con los grupos parlamentarios y el sector para definir "cuál es el horizonte al que como sociedad se quiere aspirar".

Principales reacciones

Aun así, aunque el Gobierno haya pedido tranquilidad, son muchas las organizaciones que se han muestro contrarios a esta medida. En este sentido la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, ha calificado de "jarro de agua fría" para el sector la prohibición de coches de combustión para 2040 que planea el Gobierno español tras las propuestas presentadas por las patronales en la Mesa de Movilidad Sostenible.

En su intervención durante la primera jornada del XXXIII Encuentro del Sector de Automoción organizado por Iese, celebrada este martes, Pérez criticado las medidas contra el diésel emprendidas desde la administración desde el 'diéselgate': "El principal perjudicado es el ciudadano".

Pérez ha asegurado que el cliente está indignado y desconcertado, y que el 'diéselgate' en vez de atacar el problema lo ha extendido en todo el mercado diésel: "Que esto sirva como coartada para una subida impositiva pone en compromiso el sector".

"No hemos sido capaces de trasladar la indignación absoluta que tiene el cliente que eligió una tecnología primada por los Gobiernos", ha explicado, en referencia a los clientes que compraron recientemente un coche diésel y los que ahora no saben qué comprar, y que explica el freno de las ventas, en sus palabras.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), por su parte, ha rechazado "de plano" y ha calificado de "excesiva" la intención del Gobierno de prohibir la venta de vehículos de combustión (diésel, de gasolina, de gas e híbridos) desde el año 2040, como parte del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La organización señaló que esta medida es excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos y aseguró que supone, en la práctica, ir en contra del principio de neutralidad tecnológica defendido al máximo por la Unión Europea.

Igualmente, Anfac alertó de que desde el momento de aprobación de dicha ley, esta prohíbe cualquier subvención que favorezca el consumo de combustibles fósiles, lo que supone que solo se podrían incentivar los modelos eléctricos puros, por lo que se desactivan los actuales planes de apoyo al vehículo alternativo, al tiempo que se discrimina una tecnología y eficiente frente a otras.

"La industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico", subrayó el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Mario Armero, al tiempo que indicó que la transición hacia una movilidad de cero y bajas emisiones tiene que ser "ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico".

Por otro lado, Anfac recordó que recientes estudios apuntan que lograr un 25% del mercado del automóvil de vehículos eléctricos podría motivar una reducción del 11% del empleo, una cifra que se elevaría hasta el 18% en caso de que estos modelos coparan el 40% de las ventas.

Según la asociación, el objetivo de descarbonización del Gobierno está "muy por encima" de las exigencias medioambientales de la UE, que negocian una reducción de entre el 30% y el 40% de las emisiones de CO2 para el horizonte 2030.

Menos facturación en los talleres

Es otra de las consecuencias de la electrificación del parque. Según la empresa de conocimiento del vehículo y del hogar Solera, la total electrificación del parque de automóviles en España supondría una reducción de los ingresos de los talleres de un 20% respecto al mantenimiento de un coche diésel o gasolina.

Según el responsable de Mercado Posventa de Solera, José Luís Gata, debido a que el vehículo eléctrico solo representa el 1% del parque español y el 5% de las matriculaciones de turismos, todavía tiene un impacto relativo.

Sin embargo, si los planes del Gobierno se hacen realidad para el año 2050, pese a que, según apunta Gata, se necesitarían 20 años de matriculaciones de coches eléctricos para la total electrificación del parque, afectaría principalmente a los mantenimientos preventivos.

No obstante, al haber más innovación tecnológica, se requerirá mano de obra más especializada y, con ello, la formación de los trabajadores con el fin de tener un personal más cualificado.

Por otra parte, la vertiente tecnológica podría incrementar el coste de las piezas, por lo que, según Gata, la posventa encontrará fórmulas para cuadrar este ligero desajuste y recuperar por un sitio lo que se pierde por otro.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios