Después de un año desde que se iniciara el conflicto de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, en torno a un centenar de funcionarios de este departamento han vuelto a salir a las calles este martes, frente a la Ciudad de la Justicia de Málaga ,en una manifestación convocada por STAJ y CC.OO, para exigir subidas salariales y el reconocimiento de sus funciones, entre otras cosas.

En concreto, los sindicatos convocantes exponen que el Ministerio de Justicia "ha impuesto con el beneplácito de los sindicatos CSIF y UGT", la transformación organizativa y tecnológica de la Administración de Justicia en todo el Estado, "con graves consecuencias para las condiciones laborales y retributivas de los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia de todo el Estado".

Asimismo, recuerdan que hace cuatro meses que el Ministro Félix Bolaños anunció en sede parlamentaria que habría una solución a las reivindicaciones de la huelga que mantuvieron los funcionarios de Justicia de todo el Estado durante la primera mitad de 2023.

Una movilización que, remarcan, se inició tras la subida acordada a los Letrados de la Administración de Justicia y el "olvido deliberado" a los funcionarios de cuerpos generales y especiales que, destacan, son "cuerpos nacionales" y por eso reclamaban "el mismo trato" mediante un incremento que debería realizarse dentro del complemento general de puesto, que se aplica en todo el Estado. Entre sus reivindicaciones, aseguran, ésta se basa principalmente en dos razones principales que atribuyen "la ineludible y exclusiva responsabilidad" del Ministerio en dar solución:

Primero, porque las leyes nacionales tienen impacto en todo el estado y han sido promovidas por el Ministerio de Justicia que, "con el cierre en falso de este conflicto, sigue abusando del colectivo, que soporta el mayor peso de esta Administración, negándose a al reconocimiento sus funciones, tanto las actuales como las que tendremos que desempeñar con las nuevas leyes". 

Y segundo, porque "ha sido el Ministerio de Justicia el que ha provocado esta crisis de discriminación y agravio comparativo en la Justicia, subiendo a unos cuerpos de la Administración de Justicia (Letrados, Jueces y Fiscales) y ninguneando a los cuerpos generales" que, contabilizan, constituyen "más del 90% del total que trabaja en la Justicia y que es pieza clave en la tramitación de los procedimientos judiciales".

Sin embargo, tras un año de "un duro y costoso conflicto laboral para la economía y dignidad de nuestro colectivo", aseguran que el Ministerio de Justicia "sigue incumpliendo todos sus compromisos de negociar nuestro conflicto en clave nacional y para los 45.000 funcionarios y funcionarias de todo el estado", como vienen exigiendo desde el inicio, "porque sorprendentemente dio por zanjada la cuestión retributiva en la mesa celebrada el pasado 7 de marzo, negándose en rotundo a aplicar el incremento salarial en ese concepto, dejando que cada ámbito se las apañe, pero sin proporcionar la más mínima financiación a las CCAA con competencias asumidas, que reclamaban una compensación por el coste del incremento", afirman.

De ahí que, según indican, "ninguna haya aceptado incrementar los salarios de los funcionarios de Justicia de sus respectivos ámbitos por este concepto, salvo el propio Ministerio", que el pasado 10 de abril, junto con los sindicatos CSIF y UGT, firmaron un acuerdo que a su juicio "elimina de un plumazo cualquier aspiración de incremento salarial del que participen todos en todo el Estado".

Un acuerdo, en minoría sindical (ya que los sindicatos firmantes apenas llegan al 40% de representación nacional), que ha supuesto pactar la imposición de las leyes de eficiencia y la transformación digital de la Justicia, que se aplicará por igual en todo el Estado, aunque el Estado, por medio del Ministerio y en connivencia con estos sindicatos, sólo se lo reconozca a una parte: los funcionarios y funcionarios no transferidos.

Así, para los sindicatos STAJ Y CC.OO, el conflicto "sigue sin resolverse" por lo que las movilizaciones efectuadas este martes 23 de abril en todas las capitales del estado, tendrán continuidad. Será el jueves 25 en la sede del Ministerio de Justicia, así como con el sábado 27 en Madrid, a la que están convocados los funcionarios de toda España.