Poco antes de las cuatro de la tarde, todos los que se habían concentrado en los alrededores de la Ciudadela de Barcelona, en cuyo parque se levanta el Parlamento, comenzaron a marchar hacia la plaza de Sant Jaume, solar donde se sitúan el Ayuntamiento de Barcelona y la sede de la Presidencia de la Generalitat. Miles de personas, sobre todo jóvenes, comenzaron a llenar el centro y los alrededores del Barrio Gótico, de modo que los Mossos cortaron las principales vías de acceso, incluida la Vía Laietana, donde está la comisaría general de la Policía Nacional, blindada por antidisturbios.

Pero el ambiente era festivo, mucho grito de "las calles serán siempre nuestras" (de ellos); "fuera, fuera, fuera bandera española"; "somos independientes", y unas cuantas copas de cava entre los más selectos. Ninguna provocación, aunque algún que otro albañil se mofaba desde el tajo con el soniquete de Manolo Escobar. Sí, hay clases. El independentismo es muy popular entre los universitarios y las rentas altas y poco, o muy poco, en las bajas. El conductor de la máquina que limpia las calles, vestido de verde, todavía se permitía cantar "que viva España" en la misma puerta del Parlament.

Todo es festivo, pero hay temor a la reacción del Gobierno central y mucha incertidumbre. El Ejecutivo de Mariano Rajoy está obligado a restablecer la legalidad constitucional, pero la experiencia de la jornada del 1 de octubre no permite albergar esperanzas sobre el modo de proceder del Estado.

En el Parlamento todos creen que la Guardia Civil intentará ocupar, desde el primer momento, la sede donde reside Carles Puigdemont y las de cada una de las consejerías. No será así. Los objetivos son los Mossos, en cuya dirección habrá relevos; las cuentas y el flujo de dinero público, y el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, el cerebro informático del nuevo Estado.

La presencia estatal en Cataluña es mínima. De los empleados públicos, sólo el 9% trabaja ahora para la Administración central, son funcionarios de Hacienda y de la Seguridad Social. Hay algo menos de 900 jueces y unos 6.000 agentes de la Policía y de la Guardia Civil, a los que se suman otros tantos desplegados desde días antes del referéndum. El coordinador general deberá hacerse con el control de la Generalitat, pero eso llevará tiempo.

No hay casi presencia policial estatal en Barcelona, cuatro helicópteros sobrevuelan la ciudad: dos de los Mossos, uno de la Guardia Civil y otro de la Policía Nacional.

Entre los hiperventilados, los más radicales del independentismo, se ha comenzado a crear una organización -En Pie de Paz- que quiere responder a la intervención del Gobierno con acciones de "resistencia pasiva". De ésta forman parte los llamados comités de defensa del referéndum, ligados a la CUP, que ha convocado una "paella masiva insumisa" para el 21 de diciembre, día en que Rajoy ha fijado las elecciones. Esta organización ha venido ofreciendo talleres por universidades y en diversas poblaciones catalanes para enseñar actuar en la calle. La voz de la ANC y de Òmnium, que es la página Crida Democracia, llamaría a blindar los edificios públicos de la Generalitat.