El Gobierno adjudicó 46 contratos por más de 1.000 millones a empresas de armas israelíes desde el inicio de la guerra de Gaza

El Gobierno adjudicó 46 contratos, 10 de ellos aún no formalizados, a empresas de armas israelíes entre el 7 de octubre de 2023 -cuando se produjeron los ataques de Hamás- y el 24 de abril de 2025 según el adelanto del informe sobre las relaciones militares entre España e Israel del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, con datos de la Plataforma de Contratación del Estado.

El centro de estudios ha publicado un listado de los 46 contratos adjudicados a industrias militares israelíes por un valor total de 1.044.558.955 de euros, y aún no han sido formalizados 10 contratos más. En concreto, de estos últimos, están la adquisición de material militar israelí por parte del Gobierno incluyen los lanzacohetes SILAM (576,4 millones euros) y los misiles Spike (237,5 millones euros), así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A, según recoge el informe.

El Centre Delàs ha reclamado centrar el análisis en un "prisma político, humanitario y ético, cuando hay de más de 50.000 víctimas civiles directas por la acción militar israelí desde el 7 de octubre de 2023", y no en el impacto económico de la cancelación de los contratos formalizados o de las penalizaciones económicas que ello suponga.

Este informe llega después de que el Gobierno acordase este jueves rescindir de forma unilateral del contrato del Ministerio del Interior para comprar munición a una empresa israelí tras negociaciones entre PSOE y Sumar.

Pide cancelar los contratos

Desde el Centre Delàs han acusado al Ejecutivo central de mantener la contratación de productos militares a empresas israelíes "a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en diversas ocasiones tanto en medios de comunicación como en sede parlamentaria".

Ha reclamado cancelar de inmediato todos los contratos formalizados o en ejecución "que contribuyan a mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania".

Han detallado que algunas de las adjudicaciones corresponden a servicios de mantenimiento y modernización de productos adquiridos en el pasado y otras suponen "nuevos acuerdos que podrían aumentar la dependencia en cuanto a ese mantenimiento y modernización" de la industria militar Israelí.

El centro de estudios por la paz ha sostenido que si el Gobierno hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel ninguno de estos contratos se hubiera celebrado: "Si el Gobierno tuviera voluntad política podría imponer ese embargo a través de un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros", han sugerido.