El 11-M es un caso "judicialmente resuelto", pero no cerrado. La sentencia dejó abierta la posibilidad a que hubiera más terroristas implicados y el juzgado de la Audiencia Nacional que investigó el atentado mantiene abierta una pieza con los perfiles genéticos que quedaron sin identificar.

Para el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, es un caso "judicialmente resuelto" respecto de aquellos que fueron "juzgados y condenados" en la sentencia dictada en 2007. Aunque, "puede haber algún otro individuo que no fue identificado y que haya podido participar en los atentados", precisa.

La fiscal del 11-M, Olga Sánchez, sin afirmar "con rotundidad" que se trate de un asunto cerrado, observa por su parte que desde que se emitió la sentencia no ha habido ningún dato nuevo que haya propiciado la reapertura de un sumario que instruyó a lo largo de dos años junto al ex juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo. No se puede revisar una causa cuando "no hay motivos ni datos que avalen un hecho nuevo", explica en declaraciones a Efe en respuesta a las críticas a la instrucción por los atentados del 11 de marzo de 2004, un caso que algunas víctimas han tratado infructuosamente de reabrir en varias ocasiones, principalmente con el objeto de practicar nuevas pruebas sobre los explosivos.

"Pusimos todo el interés en la instrucción porque era prioritario dar una respuesta a esas personas que lo habían perdido todo" en la masacre, explica la fiscal, que no puede evitar estremecerse al recordar las terribles escenas con las que se encontró en la estación de Atocha y, sobre todo, en la de Téllez, aunque se resiste a hablar públicamente de ello.

Lo mismo le sucede al juez instructor del sumario Juan del Olmo,   que declina rememorar lo que supusieron para él los dos años de investigación sobre los atentados.

Diez años después ninguno de los dos se encuentra ya en la Audiencia Nacional, Del Olmo pidió en 2008 el trasladó a Murcia tras finalizar la agotadora instrucción que le absorbió por completo y que hasta le hizo peligrar la vista, y Sánchez, al acabar su trabajo en el juicio, que se prolongó de abril a julio de 2007, pasó a ocupar una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Fueron muchos los escollos de todo tipo que encontraron en el camino y pocos los medios materiales con los que contaron para dar forma a la instrucción del mayor atentado perpetrado en Europa.

Las críticas se cebaron con los dos, las principales por haber acordado la destrucción de los trenes y por las pruebas de los explosivos, que finalmente, determinaron en sentencia que las mochilas que estallaron en los trenes estaban cargadas de Goma 2 Eco sustraída por ex mineros en Mina Conchita (Asturias), descartando la intervención de ETA.

La sentencia no supuso, no obstante, el fin de la investigación, ya que quedaron ocho perfiles genéticos sin identificar y, según señaló el propio Del Olmo en el auto de procesamiento, hasta que fuesen identificados esos ADN anónimos "el número de presuntos implicados directos en los hechos objeto de esta instrucción judicial no puede cifrarse con la debida certeza".

Según la sentencia, en los atentados participaron 22 hombres: los siete que se suicidaron al verse acorralados por la Policía tres semanas después de los atentados, 14 de los procesados (que recibieron penas no superiores a los 15 años de cárcel) y una persona sin identificar.

Los siete suicidas de Leganés, entre ellos Jamal Ahmidan, El Chino; Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino; junto a Zougam y El Gnaoui, fueron quienes colocaron las 13 mochilas cargadas con explosivos que explosionaron de forma simultánea en los cuatro trenes de cercanías.

Los dos procesados con las principales penas, Jamal Zougam y Otman El Gnaoui -condenados a 42.922 y 42.924 años de prisión, respectivamente-, fueron considerados autores de los atentados: el primero porque fue reconocido en los trenes y el segundo porque su ADN fue hallado en una sudadera utilizada por uno de los terroristas.

La tercera condena más abultada recayó en el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, que fue condenado a 34.715 años por sustraer los explosivos y suministrarlos a la célula que perpetró los atentados.

Una década después de los atentados comenzarán a salir de prisión personajes clave en la trama del 11-M como el ex confidente de la Guardia Civil, el marroquí Rafá Zouhier, que será excarcelado el 16 de marzo tras diez años de cárcel  por suministrar los explosivos.