Baltasar Garzón, Pérez Royo o Victoria Rosell firman un manifiesto contra la intervención militar de Venezuela junto a más de cien juristas españoles

Baltasar Garzón, Javier Pérez Royo, y Paloma Marín López entre más de 100 personalidades del mundo de la justicia y el derecho, que firman un manifiesto por la legalidad internacional y contra la intervención militar en Venezuela.

El ex magistrado Baltasar Garzón, la jueza y anterior delegada del gobierno contra la violencia de Género Victoria Rosell, el decano de la Facultad de Derecho de A Coruña y ex-alcalde de la ciudad Xulio Ferreiro, o el magistrado Juan Pedro Yllanes, han firmado un manifiesto por la legalidad internacional y contra la intervención militar en Venezuela junto a otras cien personalidades del mundo de la Justicia y el Derecho, en el que instan a la ONU “a esclarecer los hechos, evaluar sus consecuencias jurídicas y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas”.

En el Manifiesto urgente por la legalidad internacional y contra la intervención militar en Venezuela, en el que condenan los recientes bombardeos llevados a cabo por fuerzas armadas de los Estados Unidos en territorio venezolano y la detención ilegal y el traslado forzoso del presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Entre las personas firmantes se encuentran reconocidas figuras del ámbito jurídico y académico como los andaluces Javier Pérez Royo, Esperanza Gómez Corona, Joaquín Urías, Laura Carballo Piñeiro, Montserrat Abad Castelos o Lorena Ruiz Huertas, junto a otros catedráticos y catedráticas de derecho, funcionarios y funcionarias de cuerpos de la administración, abogados y abogadas, y especialistas en derecho internacional público y derechos humanos, así como magistradas y magistrados, (en ejercicio, jubilados o ex magistrados) como por ejemplo, Juan Romero Laguna, Paloma Marín López o Ascensión Solé Puig.

Los firmantes recuerdan que el uso de la fuerza armada contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado está expresamente prohibido por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, norma fundamental del orden jurídico internacional y de carácter imperativo (ius cogens). Subrayan, además, que dicha prohibición solo admite dos excepciones claramente delimitadas: la legítima defensa, conforme al artículo 51 de la Carta, y la autorización expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El texto advierte de que no se ha acreditado públicamente la existencia de un ataque armado previo ni de una amenaza inminente que pudiera justificar una actuación en legítima defensa, por lo que cualquier intervención militar unilateral en territorio venezolano constituiría una violación grave del principio de soberanía, de la prohibición de la intervención y de la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos.

Asimismo, el manifiesto señala que este uso ilícito de la fuerza podría llegar a calificarse como crimen de agresión, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General y los principios consolidados del derecho penal internacional, recordando que los actos de agresión figuran entre las violaciones más graves del orden jurídico internacional por sus consecuencias para la paz, la seguridad y los derechos fundamentales de los pueblos. Las personas firmantes condenan igualmente la privación de libertad del jefe de Estado venezolano por fuerzas armadas extranjeras, al considerarla incompatible con el régimen de inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio reconocido por el derecho internacional consuetudinario.

Finalmente, el manifiesto insta a los Estados de la comunidad internacional y a los órganos competentes de las Naciones Unidas a esclarecer los hechos, evaluar sus consecuencias jurídicas y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y evitar precedentes que erosionen gravemente el orden jurídico internacional. El texto completo del manifiesto y la relación de personas firmantes se encuentran disponibles para su consulta pública; se incluye también el apoyo a esta propuesta de personas de la cultura y otras profesiones