El Tribunal Constitucional declaró ayer ilegal por unanimidad la consulta popular sobre el futuro del País Vasco convocada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, para el próximo 25 de octubre, sobre el fin de la violencia y el derecho a decidir de los vascos.

Después de muchas horas de deliberaciones, los once miembros del tribunal, presidido por María Emilia Casas, que no pudo acudir a los funerales de las víctimas del accidente de Barajas para acordar esta decisión, finalmente dieron la razón al Gobierno e impiden que se celebre el referéndum anunciado por Ibarretxe.

El Parlamento vasco aprobó el proyecto de Ley de Consulta de Ibarretxe con los votos de los representantes de los partidos del tripartito más uno del PCTV, el que otorgaba la mayoría absoluta frente a los votos en contra de socialistas y populares. Otros siete parlamentarios de la formación abertzale se abstuvieron. "No divide quién pregunta, sino quién prohíbe consultar", fue el argumento utilizado por Ibarretxe durante el debate de aprobación de la ley .

La Ley de Consulta fue publicada en el boletín oficial vasco el pasado 15 de julio y "al minuto siguiente", como habían anunciado, el Gobierno y el PP presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, manifestó a Efe que el Gobierno "respeta y comparte la decisión del tribunal". "El Gobierno consideraba desde el principio que la consulta de Ibarretxe era inconstitucional y respeta y comparte la decisión del tribunal", dijo Bermejo.

El titular de Justicia añadió: "Nos satisface que (la decisión) haya sido tomada por unanimidad y que coincida con la posición defendida por el Gobierno".

El recurso del Ejecutivo pedía la suspensión inmediata de la consulta y argumentaba que "no hay duda" de que la ley vasca organiza una consulta popular -frente a la idea de consulta no vinculante que sostiene Vitoria-. Frente al argumento de que los estatutos de autonomía prevén la convocatoria de este tipo de citas con las urnas, el abogado del Estado indicaba que "en el terreno de los principios es incuestionable que no debe interpretarse la Constitución por los Estatutos sino éstos por aquella". Y es que para el Gobierno, la consulta del lehendakari es "con toda claridad un referéndum consultivo", y las preguntas que pretende realizar Ibarretxe "son cuestiones de especial trascendencia política para todo el pueblo español, no sólo para la Comunidad Vasca".

El recurso del PP incidía en el "fraude" que supone la consulta y denunciaba la "violación del sistema de competencias" que consagra la Constitución. "La pretendida consulta es una auténtica convocatoria de referéndum consultivo que versa sobre asuntos de gran trascendencia, no sólo en el País Vasco sino para el conjunto del Estado, como son los de la autodeterminación unilateral de una parte de España, con desconocimiento tanto del principio de la soberanía nacional como de la indisoluble unidad de la nación.