Rajoy no conocía ni la caja B ni las sentencias ni a Villarejo

Rajoy puede jurar que no conocía a Villarejo, que nunca habló con él y que ni recibió ni le devolvió mensajes. Igualmente puede sostener que Cospedal no le informaba de nada aunque era su número dos. "He hablado con la señora Cospedal cuando los dos hemos querido hablar", dijo Rajoy el lunes con ese tono que es, a la vez, hábil y cínico. Todo le era ajeno. Igual es hasta cierto, pero en cualquier caso no deja de ser su palabra y su legítimo derecho a manifestar lo que le dé la gana, aunque como expresidente contribuiría mucho más con el Estado de derecho si ayudara a esclarecer este turbio asunto. Pero casi ninguna de esas cuestiones son fácilmente comprobables. Por lo tanto forman parte de lo que el ex presidente puede sostener con vehemencia sin que le mueva un músculo de la cara. Y así lo hizo Rajoy en su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre el Caso Kitchen, a través del cual la Fiscalía anticorrupción investiga si cargos del ministerio del Interior ordenaron a la cúpula policial seguimientos y operaciones ilegales para arrebatarle al ex tesorero Luis Bárcenas información comprometida sobre diversos cargos del PP. Aquella supuesta utilización fraudulenta de fondos públicos alcanzo su cénit cuando un falso sacerdote secuestró a punta de pistola a la familia de Bárcenas en su casa reclamándole un pendrive. Hablamos de estas cosas. Bromas, poquitas.

Sentencias y caja B

Lo que no puede hacer Rajoy -aunque lo ha hecho- es negar las sentencias judiciales. Ese es un camino sin retorno. No una vez, sino al menos tres veces la justicia ha dado por hecho la existencia de una caja B o contabilidad paralela, de la que salió, entre otras cosas, el millón de euros que Bárcenas destinó a las obras de la sede de Génova. El Tribunal Supremo, en la resolución de los recursos sobre la sentencia de la Audiencia Nacional, dijo: "El Tribunal [Audiencia Nacional] contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una caja B del Partido Popular". O en la sentencia del juicio por la reforma de la sede, en los hechos probados se lee "en el periodo en el que el acusado Luis Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela -contabilidad B-, de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas".

El problema es que el dinero en negro que manejaba el PP provenía, en su mayoría de donaciones de empresas que obtenían o esperaban obtener contratos, adjudicaciones y favores de las administraciones gobernadas por el PP, que, teóricamente, eran sensibles al cornetín de ordenes de la calle Génova. Las sentencias sobre ese entramado, como cualquier otro que afecte a lo público deja al menos varias lecturas sobre las que debería reflexionarse. Por un lado, la inmoralidad de que un partido que a la vez es gobierno esté manejando dinero negro que hurta a la Hacienda pública y actuando fuera de la ley. Esto provoca frustración entre los ciudadanos porque, como dijo John Kerry, "destruye la fe en la autoridad legítima".

La corrupción es antieconómica: no siempre se ejecutan los proyectos más necesarios. La corrupción provoca, además, desigualdad de oportunidades para las empresas competidoras, lo que de paso atenta contra el principio liberal de la libre competencia metiéndole anabolizantes a unas empresas frente a otras. Por estos y otros motivos, un expresidente no debería negar lo que la justicia ya ha dictaminado. Otra cosa es si se iba de cañas con Villarejo o se enteró de la existencia del siniestro policía por los periódicos.

Brújula para América latina

España comete un error grave cuando convierte su política exterior en un apéndice de las broncas domésticas. Nada nuevo, pero es desolador por la reincidencia. Estados Unidos y Latinoamérica polarizan las posiciones nacionales, exhibiendo una incapacidad legendaria para que los partidos pacten unos mínimos que se sostengan en el tiempo. En 1982, en su histórico discurso en el Hotel Palace, Felipe González -202 escaños a las espaldas- lanzaba su primer mensaje a "los pueblos hermanos" de América Latina. Desde entonces, la política española ha girado como una veleta de la decidida cooperación y entendimiento con Latam a asumir un atlantismo republicano estadounidense que desdibujó nuestras posiciones tradicionales.

Cierto que en 40 años han ocurrido muchas cosas: la transición española fue fuente de inspiración para muchos países del otro lado del charco que querían superar sus propias dictaduras pero es un tiempo periclitado; y no menos cierto es que la entrada en la UE nos obligó a jugar dentro de un marco establecido, aunque eso no impide tener políticas propias y privilegiadas respecto a América Latina.

En la coyuntura actual -con relaciones debilitadas por la crisis económica de 2008 y el covid-, los alineamientos ideológicos han terminado por convertir el debate sobre nuestra política exterior americana en una extensión de las jocosas diatribas diarias entre partidos. Munición para broncas de todo a cien. Hemos perdido ascendencia sobre una parte del continente pero no ha servido para incrementar la influencia sobre el resto de países de la región. El eje Cuba-Venezuela-Nicaragua opera como argumento de desgaste. Ahora entrarán otros en la ecuación, como el Perú de Castillo o, con matices, la Bolivia de Arce. Y el Brasil de Bolsonaro por sus posiciones ultras o el Brasil de Lula, si regresa al poder, por lo contrario. Todo vale. Esto ocurre justo cuando China es el nuevo gran actor en la región, lo que altera las influencias y las alianzas tradicionales. A ver donde se sitúa España en el momento en el que Washington empieza a buscar antídotos contra la avasalladora irrupción de China en Latam. Temen que muchas de las infraestructuras que va sembrando puedan tener uso militar en el futuro. Después de Nicaragua, Honduras acaba de romper con Taiwan para contentar a China. Apenas quedan 14 estados en América que reconozcan a Taipei, tal es la sumisión ante esa mezcla de yuanes convertidos en dólares y la irrupción de un nuevo poder global.

Agenda incompleta

A la proactividad inversora y económica, España debería sumar otros elementos a su agenda política en América Latina. Cuidar su neutralidad, por ejemplo, que no hay que confundir con aplaudir a gobiernos dictatoriales ni ultraderechistas, es clave para seguir siendo un actor relevante y eso implica tener cuidado con las alianzas, que allí operan siempre a la contra de otros bloques. Esa posición inteligente nos permitiría tener mas peso en Bruselas respecto a la región.

Se echa en falta una política migratoria estable y clara; mayores intercambios culturales y evitar hacer tonterías con la lengua que hablan casi 600 millones de personas, de los cuales solo 40 lo hacen en el hemisferio norte. Definitivamente, por si alguien lo dudaba, no tenemos las escrituras de propiedad del español. Y, por supuesto, debería ser un principio rector de nuestra política exterior que no se digan demasiadas tonterías. Mientras Vox sostenga que Casado es poco menos que un aliado del grupo de Puebla o mientras Casado diga que Sánchez es aliado de Nicaragua o mientras UP siga creyendo que Caracas es un paraíso democrático iremos de mal en peor porque estaremos jugando a las casitas con algo muy serio: la relación económica, política, social, histórica, cultural y emocional que debemos -y nos interesa- preservar.

El Gobierno hace un Pilatos

El Gobierno ha hecho un Pilatos. Se ha lavado las manos dejando al Rey Felipe VI la decisión sobre el posible retorno del rey emérito. Técnicamente es un ciudadano libre, sin medidas cautelares. Se marchó por la gatera en agosto del año pasado "para salvaguardar la monarquía". Desde luego se ocurren mil formas más eficientes de proteger a la corona, empezando por ni meterse en charcos sucios y profundos. Pero los hechos son sagrados. El fiscal suizo ha archivado la investigación por presunto blanqueo de dinero. Tres años después, la fiscalía suiza no ha podido demostrar que los 65 millones que don Juan Carlos recibió de Arabia Saudí tenían un origen ilegal. Así, queda desimputado. Dos cosas. Por un lado, el Gobierno, que en su día respaldó la salida del país del rey emérito y que ahora ha optado porque el Rey Felipe VI, máster en coyunturas envenenadas, decida en solitario, siendo monarca e hijo. Se supone que el debate se abre porque el emérito ha debido emitir señales de regreso. Lo segundo, la reacción de Echenique, de UP: es ventajista celebrar la investigación del fiscal cuando se abrió y es patético cuestionarla ahora cuando se cierra. Justicia a medida. Obvio que el fiscal no desmiente que recibiera el dinero sino que no ha podido acreditar que su procedencia fuera ilegal. Y la justicia consiste en acusar y, en su caso condenar con pruebas. Si queremos justicia para todos, eso incluye respetar las decisiones judiciales caigan del lado que caigan.