La financiación de la Junta mejoraría de modo notable si su anterior consejera de Hacienda, y ahora ministra, María Jesús Montero, ejecutase desde el Gobierno lo que ha solicitado desde Andalucía. Y, posiblemente, también facilitaría la del resto de las comunidades, ya que lo que ha venido defendiendo la consejera es una mayor participación de las autonomías en los ingresos que el Estado recauda mediante el IVA. Ésa era, básicamente, su fórmula para salvar las cuentas autonómicas, no se trataba de ningún aumento de impuestos –de hecho, lo rechazaba frente a las peticiones de Ciudadanos–, sino de un reparto más igualitario entre la Administración central y las periféricas.

María Jesús Montero ha sostenido que a las autonomías les faltaban, al menos, 16.000 millones de euros para cubrir sus servicios actuales. De esa cantidad, 4.000 corresponderían a Andalucía.Montero presentó hace tres meses un modelo por el que proponía que el 75% de la recaudación del IVA fuese a las comunidades y que extendía el criterio de reparto mediante la población a todas las competencias. Ahora sólo se utiliza para las fundamentales, caso de la sanidad, educación y servicios sociales. La modulación que ahora sufre la población, con otros criterios como el envejecimiento o la dispersión, termina por perjudicar a las comunidades con más habitantes, como Andalucía, Madrid y Cataluña. Ese modelo fue el que terminó aprobando el Parlamento andaluz, con la única oposición de Ciudadanos. Se sumó, aunque a última hora, el PP.

Pero aunque el modelo de financiación se encuentra entre los temas que debe abordar Montero, no es previsible que haya un nuevo sistema en esta legislatura. Se necesitaría de una mayoría del Congreso y de un apoyo legitimador de buena parte de las autonomías.Sin embargo, sí hay otros elementos que la nueva ministra de Hacienda debe abordar con urgencia y que, del mismo modo, facilitaría las cuentas de las comunidades.

Aunque desde su puesto en la Junta, la ministra se oponía a una quita de la deuda de las comunidades, es algo a lo que deberá responder. En las condiciones actuales, ni Cataluña ni Valencia pueden pagar su voluminosa deuda, por lo que el acercamiento a la Generalitat puede venir acompañado de una disminución de este paquete. No es que Montero fuese contraria a ello, sino que no quería que el ministro Cristóbal Montoro sustituyese un nuevo modelo de financiación por una quita que no solucionaba a medio plazo los problemas de la Junta de Andalucía.

Ahora tendrá que retomar esta idea de su antecesor porque a ella tampoco le dará tiempo negociar un nuevo modelo. La quita de la deuda autonómica no altera los niveles de deuda de España, sino que se recompone en su interior.

Otro de los asuntos que puede solucionar en los próximos días es la salida del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de la Junta de Andalucía. El FLA ha servido para salvar las cuentas de las comunidades desde que éstas dejaron de poder financiarse en los mercados privados, debido a los altos intereses que hubiesen tenido que pagar como seguro contra su mala situación financiera. Pero desde hace meses la Junta había pedido al Gobierno central que le permitiese acudir ahora a esos mercados para solicitar, en principio, 1.000 millones de euros. Esto está ahora en manos de la demandante.

Tanto Susana Díaz como María Jesús Montero habían tachado de usura los intereses que el Estado estaba cobrando por el FLA. No es para tanto; al fin y al cabo, el Gobierno cobra a las autonomías lo que le cuesta ese endeudamiento en el exterior, pero sí es cierto que las comunidades han pagado bastantes intereses a la administración central. Andalucía ha consumido 38.455 millones de euros del FLA y ha pagado 1.042 millones de euros en intereses, más 890 millones que debe abonar en un futuro. Si hay quita, se puede perdonar el principal de la deuda o de los intereses futuros.