La Fiscalía General del Estado ha denunciado un "notabilísimo y preocupante ascenso" de las agresiones sexuales perpetradas por menores de edad en 2022: el ministerio público investigó un total de 974 casos frente a los 668 registrados en 2021, lo que supone un aumento del 45,8 por ciento.

En su memoria anual relativa al año 2022, el Ministerio Público califica de "alarmante" que las incoaciones de agresiones sexuales con autores menores hayan aumentado un 116% desde el año 2017 con crecimientos anuales desde esa fecha.

También se investigaron 1.973 abusos sexuales cometidos por menores de 18 años en 2022, un 0,81% más que el año anterior.

La Fiscalía señala en su memoria que las causas que explican este "auge" son "complejas" y que son diversos los factores que llevan a los menores a "realizar conductas sexuales virulentas".

Destaca entre ellas la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual y el visionado "inapropiado y precoz" de pornografía violenta: ambos factores conducen a una "trivialización de su concepto de las relaciones sexuales normales".

Más agresiones sexuales

Los delitos de agresión sexual investigados, más allá de los cometidos por menores, también han crecido. En concreto, un 31,5%, hasta los 9.603 casos, más de dos mil por encima de los 7.302 de 2021.

El Ministerio Público explica que la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como "ley del sólo sí es sí") ha podido tener una incidencia sustancial en estos datos, al unificar en un único tipo penal los abusos y las agresiones sexuales a partir del 6 de octubre de 2022.

Por contra, los abusos sexuales investigados caen un 3,39% al pasar de 8.937 a 8.634 casos incoados. Sí crecen los abusos sexuales contra víctimas menores de 16 años, un 2,86%. Y mucho más las agresiones sexuales a niñas con menos de 16 años, un 36,44%.

La Fiscalía alerta de un aumento de delitos contra la libertad sexual cometidos a través de internet y aquellos que se perpetran en el entorno lúdico, en el que es habitual la sumisión química de las víctimas con alcohol u otro tipo de sustancias.

Denuncia la Fiscalía que se mantiene un "indefinido índice de impunidad porque las conductas no afloran, perpetrándose con gran frecuencia al aprovecharse de las relaciones próximas entre víctima y agresor (familia, colegio, clubes deportivos…)": "Es responsabilidad de todos crear un clima de apoyo para que las víctimas salgan de su silencio", recalca.

Ahora bien, reconoce que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y su posterior modificación han puesto "en el punto de mira" los delitos sexuales y que las campañas de sensibilización son eficaces.

La sensibilización, matiza, contribuye a que se denuncien cada vez más estos delitos, al igual que "la repercusión mediática y social que han tenido determinados casos que han fortalecido a las víctimas, animándolas a denunciar al sentirse apoyadas por las manifestaciones públicas de colectivos concretos y de la sociedad en general en repudia de estos delitos".

Abusos a menores en el seno de la Iglesia

En su memoria, la Fiscalía dedica un apartado a los casos de abusos a menores cometidos en el ámbito de la Iglesia.

En enero de 2022 ésta solicitó a las fiscalías autonómicas que le enviaran todas las denuncias y querellas en tramitación sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidas por religiosos.

El Ministerio Público reconoce la dificultad de dar cuenta de los procedimientos judiciales, al no quedar registrados como tales en las aplicaciones de gestión procesal, dado que no contemplan mención alguna a la profesión del sujeto activo.

Y admite que los datos de los que dispone son "muy parciales" debido al acotado espacio temporal al que pertenece la documentación remitida, puesto que la mayor parte de los testimonios se refieren a procedimientos que tuvieron su origen en el año 2021 y 2022, y solo puntualmente se remitieron de años anteriores.

Así, los datos de la memoria indican que han sido remitidos por las fiscalías territoriales un total de 147 procedimientos, de los que 61 han sido tramitados en sede fiscal y 86 en sede judicial.

De las 61 diligencias de investigación que constan registradas en las fiscalías territoriales, un 44% se incoaron en 2022, un 26% en 2021 y el 30% restante en años anteriores, mientras que de las 86 diligencias previas remitidas, un 18% fueron incoadas en 2022, un 29% en 2021 y el 53% restante en años anteriores.

La Fiscalía señala que en el 67% de los casos los hechos tuvieron lugar después del año 2000 y en el 33% antes de 1990.

Y de las 20 sentencias remitidas de procedimientos judiciales finalizados, 19 son condenatorias (2 con conformidad del acusado, mientras que una fue revocada en apelación).

La Fiscalía destaca la necesidad de revisar la posible solicitud de responsabilidad civil subsidiaria de la institución religiosa donde ha tenido lugar el abuso, valorar la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las instituciones religiosas y determinar una indemnización en concepto de responsabilidad civil, que ha de integrar los daños morales y las lesiones psíquicas.