El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto a su predecesora inmediata y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, para la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a pesar del rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal.

Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, se han negado a participar en la votación en señal de protesta. La propuesta del fiscal general debe ser ahora refrendada en Consejo de Ministros.

Según detallan a Efe, la negativa a aceptar este nombramiento se basa en que defienden que hay conflicto de intereses que suponen las actividades jurídicas de la pareja de Delgado, el ex juez Baltasar Garzón, con este cargo. La posición de Viada, presidente de APIF, ha motivado que Delgado le haya recusado por "enemistad manifiesta".

Quejas de las asociaciones

Antes de la reunión, Viada remitió una carta al fiscal general en la que consideraba "preciso" disponer de unos días para analizar "las eventuales consecuencias" de otorgarle esta nueva plaza a Delgado, hasta ahora fiscal jefe de la Fiscalía Togada Militar. Recordaba en este sentido que su pareja, Baltasar Garzón, es titular del despacho de abogados Ilocad y de la Fundación Fibgar, "que tiene un objeto y una actividad que podría entrar en conflicto con las funciones que la ley atribuye a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática".

La Asociación de Fiscales por su parte pidió la dimisión de García Ortiz por la "burda maniobra" para nombrar a Delgado Fiscal una vez convocadas ya las elecciones, así como por el "ajuste de cuentas" que, según ellos, ha protagonizado con la ex fiscal general Consuelo Madrigal al equiparar las circunstancias de este nombramiento con otros que ella propuso en su día.

Delgado ya ascendió a la máxima categoría con la mayoría del Consejo Fiscal en contra. En el Pleno de ese 22 de septiembre, los seis vocales de la AF votaron por otro candidato y solo cuatro vocales --los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las vocales natas: la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS) María Ángeles Sánchez Conde y la inspectora jefe María Antonia Sanz-- lo hicieron por la ex fiscal general.

La negativa de esos siete vocales a siquiera participar en la deliberación va en línea con el malestar expresado por AF y APIF desde que el fiscal general adelantó el Pleno del 19 de junio a este jueves para garantizar esta propuesta de nombramiento.