La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que engloba a enseñas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, entre otras, ha advertido de la pérdida de productividad y el empobrecimiento de la economía nacional ante la parálisis de las reformas en un contexto de una "interminable batalla política".

"El resultado más evidente de la interminable batalla política es una parálisis de reformas y un empobrecimiento de nuestra economía, que ha pasado de rozar la convergencia en renta con la media europea a una preocupante decadencia", ha asegurado el presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, en su discurso durante la asamblea anual de la asociación.

El directivo ha recordado que en estos días se decide quién gobernará España, ya que este martes comienza la sesión de investidura del líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. "Solo puedo decir que espero lo mejor para España. Estamos instalados en un confuso debate político desde hace unos años. Esta dinámica ha monopolizado casi en exclusiva la acción de Gobierno y ha relegado el análisis del sistema productivo español y las medidas para hacerlo más eficiente y competitivo", ha lamentado.

"En España nos hemos olvidado de uno de los principales problemas estructurales: la baja productividad, que se traduce en un menor crecimiento de las empresas y en un freno para la inversión y el empleo", ha señalado.

Según datos de Eurostat, desde 2009 la productividad en España ha avanzado 10 puntos menos que la media europea. Así, desde 2019 se han perdido 3,8 puntos de productividad, abriendo una brecha de cinco puntos con la UE.

"Solo mejorando la productividad de las empresas podemos garantizar un crecimiento sano de nuestra economía a largo plazo, capaz de proveer mejores empleos y proporcionar el máximo nivel de bienestar a sus ciudadanos", ha subrayado.

Merry del Val ha insistido en que "sólo mejorando la productividad de las empresas" se puede garantizar un "crecimiento sano" de la economía nacional a largo plazo. "No podemos marginar a los empresarios porque son la base sobre la que se construye la riqueza de un país, el pilar para sostener la inversión y los servicios públicos", ha destacado.

"Muchas veces parece que las empresas han quedado reducidas a un conjunto de sujetos pasivos cuya única función es pagar impuestos y cuotas sociales para financiar los presupuestos", ha subrayado.

El directivo ha lamentado que en el contexto actual "los beneficios empresariales sean seriamente cuestionados, olvidando que, sin ellos no es posible la inversión". "En consecuencia, sin inversión privada sería imposible que el Estado pudiera emplear a los casi 17 millones de españoles contratados por las empresas, el 83% de la ocupación en nuestro país", ha recordado.

De esta forma, el presidente de Anged ha reiterado que en el contexto actual es necesario "menos y mejor regulación". "Es imprescindible abordar una profunda revisión de la normativa, para reducir los costes y favorecer la libertad de empresa", ha explicado.

Del Val también ha reclamado la necesidad de contar con "un mercado laboral más flexible", ya que las empresas "necesitan más flexibilidad para poder adaptar sus procesos de producción y la organización del trabajo a la complejidad del mercado".

Otros factores son "mejorar el sistema educativo, las universidades, los centros de investigación y la formación profesional para formar a los millones de perfiles técnicos que necesitan las empresas", así como abordar el desafío demográfico, ya que ha alertado de que hay un "grave problema de envejecimiento, baja natalidad y despoblación que amenaza la sostenibilidad del estado de bienestar".

"Urge un gran pacto sobre pensiones, natalidad e inmigración que genere certidumbre y evite una escalada de polarización social", ha instado a las Administraciones.

Por otro lado, el presidente de Anged ha reclamado la necesidad de contar con una "fiscalidad competitiva". "España debe aspirar a un sistema fiscal previsible, seguro y competitivo, que atraiga la inversión internacional e incentive la creación de empleo", ha subrayado.

También ha instado a una "coordinación con la agenda europea". "Es absolutamente necesario que las Administraciones españolas, en colaboración con los sectores afectados, realicen una transposición ordenada y homogénea, que no añada más complejidad y cargas", ha indicado.

"Insisto que para conseguir un crecimiento más sano de la actividad, el empleo y la inversión es fundamental establecer un marco favorable al desarrollo de las empresas y que impulse la productividad", ha aseverado ante los representantes de las empresas de la gran distribución.

Por otro lado, el directivo ha demandado tomar perspectiva del difícil contexto internacional. "El mundo se está reconfigurando en dos grandes polos geopolíticos, con un repliegue de la globalización y serias amenazas para la paz. La definición de una autonomía estratégica europea requiere un ingente esfuerzo en materias como la defensa, la ciberseguridad, la innovación o las cadenas de producción industriales", ha señalado.

De esta forma, ha planteado la disyuntiva entre "ser un activo o un factor de incertidumbre para Europa", ya que "la parálisis política envía una señal de desconfianza hacia un país que se dirige a un estancamiento debido a la inoperancia para abordar las grandes reformas".

Por otro lado, un 51% de los encuestados cree que para recuperar la confianza de las empresas hay que garantizar unas reglas de juego claras, previsible y ágiles, según una encuesta elaborada por la patronal de la gran distribución y la consultora Lasker a 100 directivos y profesionales del mundo empresarial.

En concreto, un 45% aboga por simplificar las cargas burocráticas y los trámites para aumentar la productividad, mientras que respecto al mercado laboral, un 37% cree que hay que seguir avanzando en la flexibilidad para adaptarse mejor a los cambios y un 31% ve necesario mejorar el sistema educativo y universitario para incorporar nuevos perfiles.

Respecto a los impuestos, los encuestados señalan tres prioridades como son la necesidad de más incentivos para la inversión, la I+D y el empleo; una mayor estabilidad en el sistema tributario y evitar nuevos tributos que no respondan a razones de eficiencia.

Por último y de cara a la transición hacía una economía sostenible, un 58% de los empresarios considera imprescindible garantizar la proporcionalidad de estas medidas para que puedan ser viables.