El Gobierno está sufriendo una ola de recursos contra los tres nuevos impuestos extraordinarios que entraron en vigor el pasado 1 de enero. El objetivo de estos gravámenes, que en principio estarán en vigor durante dos años, es ayudar a sufragar las medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Éstos son los frentes que tiene abiertos en Ejecutivo:

Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas

La Junta de Andalucía ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. El Gobierno de Juanma Moreno considera que el nuevo impuesto supone un ataque directo contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Su aplicación, con el objetivo confeso de armonizar la tributación por el patrimonio de las personas físicas en los distintos territorios autonómicos de régimen común, invade las competencias normativas que han asumido las comunidades autónomas en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, asegura el Ejecutivo andaluz, e infringe el llamado 'bloque de la constitucionalidad'.

El efecto práctico de este impuesto es evitar la aplicación de las bonificaciones autonómicas en el Impuesto sobre el Patrimonio de las comunidades de Madrid (100% de bonificación), Andalucía (100%) y Galicia (25% en 2022, 50% en 2023) para patrimonios netos de más de tres millones de euros, por lo que, con el nuevo tributo, la política tributaria que libremente desarrollan los gobiernos de las distintas comunidades autónomas en el libre y constitucional ejercicio de su acción política se ve drástica y repentinamente alterada, y en la práctica es una reasunción de competencias por parte del Estado, señala el Gobierno andaluz.

Antes, en enero, el Gobierno de la Comunidad de Madrid también aprobó la interposición del recurso ante el Constitucional y la solicitud de su suspensión cautelar.

Impuesto extraordinario para las entidades financieras

La Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han presentado sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional impugnando la orden publicada en febrero por el Ministerio de Hacienda por la que se han aprobado los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen temporal a la banca. No han solicitado medidas cautelares contra este impuesto que podrían haber supuesto su suspensión temporal. El proceso para formalizar la demanda podría alargarse varios meses.

Para presentar los recursos, las patronales se basan, principalmente, en el dictamen que el Banco Central Europeo (BCE) publicó a principios de noviembre de 2022, en el que se cuestionaban distintos aspectos del gravamen al considerar que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, añadiendo que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades y expresando la importancia de que pueda repercutirse a los clientes.

El objetivo de este tributo es gravar los principales ingresos que la banca obtuvo en el ejercicio pasado y empezará a recaudar en 2023. Grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones en 2019 y se circunscribe a la actividad que las entidades desarrollen en España. La recaudación del Gobierno ascendería a 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024, es decir, 1.500 millones de euros cada año.

Impuesto temporal a los ingresos de las energéticas

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) anunció el jueves su decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el impuesto extraordinario y temporal a las grandes energéticas. El ente que reúne a las principales eléctricas de España, Iberdrola, Endesa y EDP, califica de "discriminatorio e injustificado" este gravamen, que se aplica sobre los ingresos no regulados en territorio nacional, con un tipo del 1,2%.

Para Aelec, la prestación "penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético", y es incoherente desde el punto de vista fiscal porque "grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 euros/megavatio hora (MWh)". Además, afecta "incluso" a conceptos que el Ejecutivo factura a través del sector eléctrico, que no aportan beneficio alguno a estas compañías.

Aelec lamenta que la fórmula aplicada por España sea sobre ingresos y no sobre beneficios, como en Europa, y sostiene que genera discriminación "porque sólo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas".

Por su parte, Repsol ha anunciado que actuará contra este gravamen, por el que la compañía tendrá que pagar este año unos 450 millones de euros.

El impuesto, con el que el Gobierno esperaba ingresar 2.000 millones de euros anuales -una cifra que se vería rebajada por las exenciones introducidas en la tramitación parlamentaria- grava los ingresos no regulados en España, con un tipo del 1,2%. Aunque es temporal para dos ejercicios -gravan los resultados de 2022 y 2023, a pagar en 2023 y 2024, la propia normativa prevé la posibilidad de convertirlos en permanentes.