La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) asegura que las medidas recogidas en la reforma de pensiones presentada por el Gobierno serán insuficientes para restablecer el equilibrio del sistema de pensiones, que en 2050 necesitará anualmente recursos equivalentes a 4,5 puntos de PIB.

Así lo afirma el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, en un documento publicado este lunes en que hace una evaluación inicial del impacto de la reforma, que ya cuenta con el respaldo de los partidos socios del Ejecutivo y de la UE y que debe ser negociado con los agentes sociales. Por ahora, los sindicatos muestran su apoyo y la patronal CEOE la rechaza. 

Fedea sostiene, según el documento elaborado por De la Fuente, cifra los ingresos adicionales previstos en la reforma del Gobierno en aproximadamente el 0,68% del PIB, cantidad que se incrementaría hasta el 1% con la reforma de la cotización de los autónomos y los incentivos para prolongar la vida laboral, aunque también habría que sumar nuevos gastos no cuantificado por los complementos de brecha de género o el cambio en pensión inicial.

Estos ingresos, sostiene Fedea, será insuficientes para hacer frente a la derogación de la reforma de 2013, aprobaba bajo el anterior Gobierno del PP, ya que la supresión de las medidas adoptadas entonces y la recuperación de la indexación de la actualización de las pensiones con el IPC supondrá aumentar el gasto entre 3,2 y 4,7 puntos de PIB a partir de 2050.

La conclusión del experto es que aun aplicando la reforma que impulsa el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, aún quedarían por financiar alrededor de 2,5 puntos anuales del PIB. A ello hay que sumar que el sistema ya tiene un déficit previo de 1,3 puntos de PIB y el aumento esperado de gasto en pensiones hasta 2050 (0,7 puntos de PIB). En total, el desfase entre ingresos y gastos del sistema de pensiones sería del 4,5% del PIB a partir de 2050, lo que equivale al 60% de la recaudación por IRPF.

Impacto limitado

El informe realiza también un cálculo aproximado del impacto de las medidas más destacadas de la reforma, que concluye que será "muy limitado" en cuanto al aumento de ingresos.

Sobre el destope progresivo de la base máxima de cotización, avisa de que quienes coticen al máximo pasarán de cobrar casi el 80% de la base si se jubilan en 2023 a percibir sólo el 60% en 2050, un deterioro muy significativo. La pensión máxima apenas se incrementaría en 1.350 euros al año, frente a un aumento de la base de cotización máxima de prácticamente 20.500 euros, pues pasaría de 53.946 euros en 2023 a 74.4445 en 2050.

A cambio de este destope progresivo de la base máxima de cotización, Fedea calcula que se elevaría la recaudación por cotizaciones sociales en un 0,15% del PIB en 2050, lo que unido a los ingresos extra por la cuota de solidaridad (0,13% del PIB) situaría los recursos adicionales con estas dos medidas en el 0,28% del PIB, "solamente una fracción de la cantidad necesaria para eliminar el déficit previsto del sistema", agirma De la Fuente.

Mayor sería el impacto del aumento del tipo del recargo del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que pasará progresivamente del 0,6% al 1,2%, lo que permitirá aportar al final del periodo transitorio recursos por el 0,4% del PIB.

Sobre el cambio del periodo de cálculo de la pensión –la reforma plantea elegir entre los 25 últimos años cotizados o los 29 últimos, eliminando lo 24 meses con menor cotización–, Fedea advierte que no apotará más ingresos y supondrá un aumento de gasto "difícil de precisar" mientras esté vigente. De aplicarse el periodo ampliado de manera obligatoria, el impacto sería "prácticamente neutro", sostiene el documento de Fedea.