Córdoba CF

La Federación ratifica su oposición a la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF

  • En un escrito remitido al juzgado de Instrucción numero 5, la RFEF se muestra firme en su postura

Los propietarios del Córdoba CF junto a parte del consejo de administración, en el interior de El Arcángel. Los propietarios del Córdoba CF junto a parte del consejo de administración, en el interior de El Arcángel.

Los propietarios del Córdoba CF junto a parte del consejo de administración, en el interior de El Arcángel. / Córdoba CF

La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado de manera firme su negativa a dar luz verde a la transmisión de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD a Unión Futbolística Cordobesa. El organismo federativo, por primera vez, ha hecho firme su postura en un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, que le había solicitado una aclaración sobre la situación en la que se encuentra esa operación avalada por la decisión del juez de lo Mercantil, Antonio Fuentes Bujalance.

Según ha adelantado La Jugada de Canal Sur Radio Córdoba, la RFEF ha hecho llegar al citado organismo judicial un escrito en el que mantiene su negativa a que el CCF siga compitiendo a partir de la próxima temporada sin perjuicio alguna a pesar del cambio en su forma jurídica que conllevaría la transmisión de los activos del club a Unión Futbolística Cordobesa, la Sociedad Anónima Deportiva creada por Infinity para hacerse con el control de la entidad blanquiverde.

Ante tal decisión, desde el club mantienen la calma y abogan por el respeto a la decisión del juez Fuentes Bujalance, sobre la que aún pesa un incidente de recusación que tendrá que ser resuelto en las próximas semanas.

Sin embargo, esta negativa de la Federación podría obligar a los nuevos rectores blanquiverdes a optar por una vía intermedia que pasaría por abrir una negociación con Carlos González y Jesús León para hacerse con la propiedad de la actual SAD, si bien es una opción que parece compleja, debido a la situación de inseguridad jurídica que pesa sobre el paquete mayoritario de acciones de la entidad blanquiverde, por el que aún pugnan ambos expresidentes.

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