El Córdoba CF SAD vuelve a escena debido a novedades judiciales. En este caso, a cuenta de la resolución judicial de la Audiencia Provincial, que ha dado la razón a Grupo Prasa en su batalla legal contra Carlos González, en la que el grupo empresarial solicitaba una indemnización de seis millones de euros por incumplimiento del contrato que ambas partes firmaron en 2011 para la venta del paquete mayoritario de acciones del Córdoba CF a Ecco Documática, empresa de González.

El citado órgano judicial, según avanzó La Voz, ha estimado el recurso presentado por Prasa a la resolución que hace unos meses dictó el juzgado de Primera Instancia número 8, que no observaba el incumplimiento del contrato denunciado por el grupo empresarial cordobés. La cuestión remite a los tan cacareados ocho millones de euros que Carlos González, a través de Ecco Documática, se comprometió a aportar al Córdoba CF SAD en el acuerdo firmado para el traspaso de la mayor parte de sus acciones. Esa cantidad era la deuda que en aquel momento arrastraba la entidad blanquiverde y el empresario afincado en Madrid nunca llegó a sufragarla.

Fruto de ese incumplimiento, el contrato firmado en 2011 por Prasa y Ecco Documática incluía una penalización de seis millones de euros, a la que ahora tendrá que hacer frente Carlos González. La no aportación de esos ocho millones de euros ya provocó en su momento que la transición entre ambas partes al frente del Córdoba CF saltara por los aires, provocando la salida de la junta directiva de Antonio Prieto y Francisco Herrera, consejeros que siguieron en el club tras desprenderse Prasa del paquete accionarial que manejaba. El colectivo de accionistas minoritarios también reclamó en repetidas ocasiones esa deuda al que fuera máximo accionista de la entidad e incluso los administradores judiciales de la sociedad desde finales del 2019, Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu, reclamaron a González aquellos ocho millones de euros, incluyendo tal cantidad en las cuentas de la sociedad.

Ahora, contra esta sentencia de la Audiencia Provincial, cabe recurso en el Tribunal Supremo, el último resquicio legal al que puede agarrarse González para tratar de evitar el desembolso que desde su llegada a El Arcángel en 2011 se le reclamó sin éxito.