El juzgado de instrucción número 3 de Córdoba decretó el pasado 12 de julio el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por el Córdoba CF SAD, presidido en ese momento por Jesús León, contra Carlos González, Salvador Sánchez, Andrés Delgado, Alejandro González, Álex Gómez y las mercantiles Football Management Sánchez y Azaveco por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y corrupción entre particulares.

El auto, al que ha tenido acceso el Día, da por ganada una nueva batalla judicial a Carlos González. Además, el 15 de febrero de 2022 la representación procesal de la parte denunciante, el CCF SAD, desistió de su personación como acusación particular, renunciando expresamente a los acciones civiles y penales, según informa el escrito de la jueza.

A pesar de este nuevo triunfo del empresario tinerfeño en los tribunales, el auto no es firme y contra esta resolución cabe interponer ante el juzgado de instrucción número 3 de Córdoba un recurso de reforma en el plazo de tres días y de apelación, subsidiariamente o en el plazo de cinco días.

En este auto, la magistrada recuerda que "el 23 de mayo de 2011 se declaró el concurso de acreedores del Córdoba CF y el 3 de junio el Grupo Prasa, máximo accionista con un total del 98,72% de las acciones del club, vendió el paquete accionarial a la entidad Ecco Documática, administrada por Carlos González, por importe de 1.250.000 euros más una prima de ascenso de categoría de 3.000.000 euros".

En la temporada 13-14, el Córdoba CF logró el salto de categoría a Primera División, por lo que se activó "la obligación de pago de la prima de ascenso". La parte denunciante consideraba en su denuncia que "una buena parte de los presuntos delitos denunciados fueron encaminados a que Carlos González y sus sociedades obtuvieran ilícitamente del CCF esa cantidad de dinero, para hacer frente al pago de la prima de ascenso a Grupo Prasa".

Tras la fase de instrucción, la jueza indica que "no existen indicios de que se hayan podido cometer los delitos denunciados, pues existen datos objetivos de que la situación económica del Córdoba CF mejoró desde el cambio de la directiva en el ejercicio 2011-12, y es que, tras el ascenso a Primera División y otros logros deportivos, hubo un fuerte incremento de ingresos y beneficios para el club, mejorando, por lo tanto, su nivel de endeudamiento, acumulando un beneficio de 11.596.804 euros".

"No existe indicio alguno de que las actuaciones llevadas a cabo por la directiva del Córdoba CF hayan perjudicado la situación económica del club, siendo una práctica habitual de los clubes de fútbol, el reparto de primas derivadas de algún éxito deportivo", reconoce la magistrada en su escrito. Además, añade que "tampoco existe indicio en las operaciones denunciadas que haya existido alguna irregularidad que pueda llegar a constituir algún tipo de infracción penal".

Por otro lado, apunta la magistrada que "no existe en la actualidad reclamación económica alguna respecto al Córdoba CF referente al periodo en el que Carlos González fue presidente de la entidad, ni tributaria, social o laboral, sin que el informe elaborado por la Policía Judicial señale un solo indicio de actuación delictiva por parte de los investigados". 

A la vista de lo expuesto, la magistrada reconoce en su documento que "no aparece justificada la perpetración del delito investigado", por lo que procede, "conforme a lo dispuesto en los arts. 269, 641.1 y 779.1.1 Le Crim, acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones".