La Consejería de Obras Públicas se ha encontrado con una auténtica avalancha de peticiones de comunidades de vecinos que reclaman las ayudas públicas para instalar un ascensor. El delegado de este departamento, Francisco García, aseguró que 1.334 edificios plurifamiliares van a contar con ascensor gracias al programa de ayudas autonómicas puesto en marcha por el Gobierno andaluz. Traducido en beneficiarios, eso supone que los moradores de 20.533 van a mejorar su calidad de vida gracias a una pequeña aportación. El proyecto fue puesto en marcha de forma pionera en los bloques de vivienda del Parque Figueroa. El objetivo inmediato fue una revalorización de los inmuebles y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, muchos de ellos mayores.

De esta cantidad de edificios, la mayor parte se encuentra en la capital que es donde abundan los edificios de cuatro y cinco plantas sin ascensor. Se trata, explicó el delegado, de una tipología bastante extendida en los años 60, 70 e, incluso, 80 que ahora están empezando a convertirse en un verdadero problema cuando sus habitantes envejecen.

Los presupuestos de Obras Públicas para el año próximo prevén continuar la intervención en San Martín de Porres, donde ya se ha actuado en 48 de los 96 edificios (instalación de ascensores, cambio de cubiertas, arreglo de zonas comunes y nuevas infraestructuras básicas) con 14 millones invertidos en la zona. Las previsiones de la Consejería pasan por concluir en 2011 los trabajos en esta parte del Distrito Sur. Del mismo modo, pretende empezar una serie de actuaciones en la Axerquía Norte, donde ya se están atendiendo las solicitudes de los vecinos que pretenden rehabilitar sus viviendas. En la provincia, la localidad de Montoro se ha acogido a un programa autonómico similar.

La Junta de Andalucía ha reservado nueve millones de euros, de los 118 que tiene para invertir en Córdoba, para mejoras en el patrimonio residencial. De este capítulo salen las reformas que se realizan en las cerca de 6.000 viviendas propiedad de Obras Públicas en la provincia, 3.000 de ellas en la capital. Se trata de viviendas en alquiler para personas de renta muy baja.