Violencia filioparental, bullying y agresiones: los delitos que más llevan a menores a centros de internamiento en Córdoba

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, ha presentado este viernes los datos del Informe sobre la Ejecución de Medidas de Justicia Juvenil en la provincia de Córdoba durante 2024, revelando un descenso de las medidas de medio abierto y un mantenimiento de la eficacia del sistema en la reinserción en la sociedad de los menores.

Con respecto a las medidas de medio abierto, que se imponen por los juzgados de menores en delitos que tienen una menor relevancia penal o gravedad, la distribución por género muestra una clara diferenciación, ya que, de la 596 en total, 482 medidas fueron impuestas a la población masculina (80,9%) frente a 114 a la femenina (19,1%). Por tramos de edad, ha apuntado la delegada, los menores de 16-17 años cumplen aproximadamente la mitad de las medidas de medio abierto, "manteniéndose estable la proporción respecto al ejercicio anterior".

Los delitos de lesiones motivaron el 35% de las medidas de medio abierto, consolidándose como la principal causa y creciendo cuatro puntos respecto al año anterior. Les siguen los delitos contra el patrimonio (27%, cuatro puntos menos que en el 2023), los delitos contra la libertad (10%) y las torturas y contra la integridad moral (9%), estos últimos con valores similares a los del ejercicio anterior.

El informe refleja que hay más violencia filioparental femenina que masculina. La diferenciación por sexo revela que, entre la población femenina, los delitos de lesiones alcanzan el 43%, habitualmente asociados a casos de violencia filioparental, que suman entre la población femenina el 57% de total frente al 41, en contraste, estos mismos delitos representan el 41% en la población masculina".

Por otro lado, el programa de mediación penal ha demostrado su "consolidada eficacia", con 202 mediaciones viables realizadas en 2024, frente a tan solo 12 casos declarados inviables, manteniendo su trayectoria de avance positivo a lo largo de los años.

51 nuevas medidas de internamiento

El Juzgado de Menores de Córdoba acordó medidas de internamiento en un total de 51 casos durante 2024 que, unidos a los ya iniciados, totalizaron 79 medidas, representando el 8,24% del total andaluz. El modelo semiabierto se mantiene como el más frecuente, seguido de cerca por las medidas terapéuticas, indicando una alta presencia de problemáticas psicosociales entre los menores internados.

El análisis del perfil demográfico revela que la mayoría de los menores internados son hombres (87,43%) entre 16 y 17 años (51,17%), siendo españoles en el 85,55% de los casos. Destaca el crecimiento del número de jóvenes mayores de edad (25,58%) que permanecen en centros como medida de continuidad o transición.

Los delitos más frecuentes que derivaron en medidas de internamiento fueron los delitos contra el patrimonio (23,1 %), lesiones (22,5%), delito de torturas y contra la integridad moral (22,6 %), contra la libertad (7,88%), contra la libertad sexual (5,2%) y contra el orden público (4,16 %).

Los delitos contra la integridad física y moral representan la mayoría de los internamientos, delitos relacionados en muchos casos situaciones de violencia filioparental, bullying severo o agresiones con resultado de lesión, donde la reincidencia o gravedad de los hechos motiva la adopción de medidas privativas de libertad.

Recursos y modelo de intervención

La delegada ha concluido indicando que "la provincia de Córdoba cuenta con una red integral de recursos que incluye los Centro de Internamiento de Menores Infractores Medina Azahara y Sierra Morena, dos Grupos de Convivencia Educativos (femenino y masculino), un Servicio de Medio Abierto, así como convenios con ayuntamientos y entidades sociales para que los menores infractores realicen prestaciones en beneficio de la comunidad en servicios municipales y tareas socieducativas colaborando con ONG".

López ha insistido en que el sistema de Justicia Juvenil cordobés "se fundamenta en el desarrollo de la competencia social del menor, ofreciendo programas de intervención individualizados de carácter socioeducativo y en las ocasiones que se requiere, de carácter terapéutico, pero siempre orientados tanto a superar los factores que impulsaron la conducta delictiva como a dotar a los menores de las herramientas necesarias para que no vuelvan a delinquir".