Los veterinarios de Córdoba se plantan: cerrarán sus negocios al considerar que no les dejan ejercer su profesión libremente

Córdoba/Los veterinarios clínicos de la Asociación Cordobesa de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía (Acoveac) han convocado un paro en la provincia para protestar por las obligaciones impuestas por el Real Decreto 666/2023, por considerarlas "excesivas, innecesarias y atentatorias contra su dignidad profesional".

En concreto, la patronal ha convocado un cierre simbólico el próximo martes 11 de febrero, desde las 11:00 a las 11:30, de los 200 centros sanitarios veterinarios de la provincia de Córdoba, donde darán lectura del comunicado oficial para hacer pública la situación a la que se aboca a la sociedad y a los animales de compañía a causa de la presión y de las limitaciones a las que se está sometiendo a los veterinarios clínicos de animales de compañía en los últimos años en general, y en estos momentos en particular con la implementación del citado Real Decreto.

Las reivindicaciones de los veterinarios cordobeses se dirigen a varias administraciones. Entre ellas a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a quien demanda la reforma de la normativa andaluza, con el fin de eliminar la actual limitación de suministro de los botiquines veterinarios, de modo que los animales de los andaluces puedan recibir en los Centros Sanitarios Veterinarios los tratamientos que necesiten sin demora.

El sector también tiene sus propias demandas al Ministerio de Sanidad, organismo estatal al que solicita la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, de manera que elimine la incompatibilidad entre prescripción y venta del medicamento al facultativo veterinario, en igualdad con el resto de países comunitarios y tal como reconoció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de que se eviten demoras en tratamientos, se prevengan las automedicaciones y se luche más eficazmente contra las resistencias a los antibióticos.

En el caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el colectivo solicita la derogación de la obligación de la comunicación de la prescripción y el uso de antibióticos en los animales de compañía (sistema Presvet), de modo que se eliminen cargas administrativas innecesarias que impliquen un obstáculo en la libre prestación de los servicios veterinarios con base en criterios científicos y necesidades particulares de cada situación clínica. Los antibióticos en animales de compañía representan un 0,08% de todos los que usa la industria farmacéutica.

Según el colectivo de veterinarios, el citado sistema Presvet "acarrea una excesiva burocracia y una desmesurada fiscalización, con sanciones millonarias a unos profesionales que hacen muy bien su trabajo y que ya han conseguido reducir el consumo de antibióticos velando por el One Health". A su juicio, también "pone en duda el trabajo diario de dichos profesionales se impone la prescripción de ciertos medicamentos y se atenta contra nuestro código deontológico, impidiendo que podamos ofrecer una garantía de bienestar animal y reales garantías para la preservación de la salud pública".

En último lugar, los veterinarios piden al Ministerio de Hacienda el retorno inmediato al tipo reducido del IVA que grava a los servicios veterinarios, con el fin de reconocer la esencialidad de la sanidad animal, la eficacia de estas medidas para la protección de la salud pública y de aumentar la accesibilidad de la población a estos servicios y haciéndolo más universal.