“El uso político de la inmigración es algo muy peligroso y demencial”

Terminamos la entrevista e Isabel Palacios quiere que quede constancia de algo “importante” de lo que no hemos hablado y que la responsable de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Córdoba considera que forma parte de esa “labor encomiable de servicio social” que presta el colectivo de letrados. “Recientemente hemos firmado un convenio con la Fundación EMET Arco Iris para la asistencia jurídica a una casa que hay en Montilla para mujeres migrantres embarazadas. Llegan en situación irregular y por la Ley de Extranjería podrían expulsarlas, pero al estar embarazadas se les facilitan, a través del Ministerio del Interior, mecanismos para que acudan a residencia o a centros específicos para atenderlas a ellas y a los bebés debidamente durante un par de años”, cuenta. Pero, rebobinemos y vayamos al principio de la conversación.

–El pasado verano, Córdoba se convirtió en ciudad refugio para inmigrantes llegados a costas andaluzas y el Colegio de Abogados se vio obligado a movilizarse para garantizar la asistencia a esas personas.

–Lo que ocurrió fue una situación totalmente extraordinaria.

–Es cierto, una situación extraordinaria que no se presenta todos los días, pero supongo que en los últimos años con el fenómeno de la inmigración esas necesidades de atención serán más grandes, ¿no es así?

–Por supuesto. En los últimos años, por ejemplo, se ha incrementado la asistencia para la solicitud de asilo y protección internacional. Esas son las situaciones normales, también la asistencia en prisión a internos que están en situación irregular en lo que respecta a su expediente de expulsión. ¿Qué ocurre? Que hay días que no hay asistencia y días en los que hay dos o tres asistencias en una ciudad como Córdoba que está en el interior de Andalucía, aunque es verdad que Andalucía es la comunidad que recibe más entradas de inmigrantes por mar.

–¿Cuántos abogados hay adscritos en Córdoba al turno de oficio de extranjería?

–Hay 222, aunque se prestan guardias de un letrado diario.

–Supongo que con ese número de letrados por guardia lo ocurrido el pasado verano con la llegada un par de veces de un volumen importante de inmigrantes debió ser un caos.

–La primera de esas entradas fue el 29 de junio. Ese día, en el que había un letrado de guardia, nos enteramos entre las 08:30 y las 09:00 de que había llegado un autobús con 48 personas directamente de Tarifa, que los habían traído directamente aquí sin asistencia jurídica, que es lo primero que se debe hacer cuando entran en territorio español. Realmente tampoco había mucha coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la Policía Nacional. También entiendo que a ellos esta situación les cogió por sorpresa, pero a nosotros no nos habían avisado con ninguna antelación y yo creo que ellos sí lo sabían el día de antes.

–¿Y cómo afrontaron ustedes esa situación inhabitual?

–Pues ese viernes, inmediatamente, nos movilizamos los compañeros de la Comisión de Extranjería. Dejamos todos nuestras agendas profesionales y nos vinimos al Colegio de Abogados a ver qué hacíamos, porque evidentemente solo un abogado no iba a atender a esas 48 personas que precisaban de asistencia ese día, era imposible, era inviable. Lo que se nos ocurrió fue tirar de la lista de compañeros que tenían guardia los días siguientes, los empezamos a llamar coordinados con el oficial del turno de oficio del Colegio, con Felipe Luna, con los trabajadores. Planteamos la asistencia de un letrado por cada seis personas; creo recordar que recurrimos a siete abogados para ello, y así todo fue más fácil. Fue un día de locos y una primera experiencia que entiendo que a todos nos pilló por sorpresa.

–Todo más fácil en una situación que no es muy habitual que ocurra en Córdoba.

–A los compañeros les dimos unas orientaciones iniciales, puesto que los procedimientos que se ven en estos casos son diferentes a los habituales, no son expedientes de expulsión, sino que son de devolución, que son más rápidos. No están formados del todo los letrados de Córdoba en dicha materia y nosotros también como Colegio de Abogados para los letrados del turno de oficio de Extranjería y para el resto de turnos estamos obligados a dar una formación para poder formar parte de los mismos. Por supuesto, tienen conocimiento de la Ley de Extranjería, pero en concreto en estos procedimientos no estaban formados, entonces recurrimos a una serie de protocolos de otros colegios de frontera, de Almería, Cádiz, Málaga... también al Consejo General de la Abogacía Española. Les hicimos mucho hincapié a los letrados en que tenían que exigir que las entrevistas fueran individualizadas, porque claro, cuando llegan en esta situación, por supuesto que lo primero es que los asista un intérprete.

–En otras ciudades como Málaga los abogados se han quejado de falta de intérpretes, ¿cómo está Córdoba en ese sentido?

–Aquí siempre se carece de intérprete en circunstancias normales, así que imagínate en una situación como esta. En este caso había un intérprete por cada dos personas que se asistían. Rellenaban un cuestionario inicial, se le hacían una serie de preguntas y sobre todo era importante detectar si alguna de esas personas era solicitante de asilo o se encontraba en alguna difícil situación por cuestiones políticas o por razones de algún tipo de discriminación, por sexo, raza... lo que fuera, y poder ser solicitante de asilo. Lo de la baja cifra de intérpretes es una prueba de la falta de recursos y medios que sufrimos.

–¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran los abogados en situaciones como esa de la llegada masiva?

–Uno de ellos es el del apoderamiento del inmigrante, que es una cuestión jurídica, o lo que es lo mismo, la representación de estas personas, porque estas personas tú las asistes la primera vez y luego se van de aquí. Se las llevaron a todas a Madrid, y la mayoría no tiene teléfono ni familiar de contacto. ¿Y qué ocurre? Que tú tienes que iniciar un procedimiento administrativo y después judicial, porque tienes que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, y resulta que te exigen que te haya apoderado un juzgado. Si esas personas se van de aquí es imposible luego que se te pueda apoderar y si no tienes ese apoderamiento te inadmiten el recurso contencioso-administativo y se archiva el procedimiento. Entiendo que en estos casos se vulnera incluso el derecho a la defensa y eso es algo contra lo que estamos peleando los abogados; en virtud del derecho de defensa se debe favorecer continuar el procedimiento e intentar llegar hasta el final.

–¿Cuál es el papel que realiza el abogado en la defensa de extranjeros que se encuentran en situación irregular?

–El papel que nosotros prestamos desde el turno de oficio de Extranjería principalmente es el de asistir a las personas en los procedimientos de expulsión, aunque luego también por vía administrativa para la solicitud de residencia realizamos la tramitación ante la Subdelegación del Gobierno que aquí en Córdoba sería la administración competente para ese trámite, y luego en caso de denegación pues interponenos los recursos que procedan tanto por vía administrativa como por vía contencioso-administrativa y también, como he dicho antes, desempeñamos nuestra asistencia en el centro penitenciario. Insisto en que en los últimos años se han incrementado las solicitudes de asilo, puesto que ha habido un incremento del movimiento migratorio y se han incrementado las asistencias.

–¿Cómo es la coordinación de ustedes con las ONG que atienden a los inmigrantes y las Fuerzas de Seguridad del Estado?

–En el caso de las personas que llegan a pedir asilo, al principio la labor del abogado era como la de un convidado de piedra. Lo llamaban desde la Unidad de Extranjería para que le asistiera, porque es obligatoria la presencia de un abogado en ese caso, cuando ya había terminado la entrevista y sin que ni por un lado el solicitante conociera a su letrado ni el propio letrado a su cliente, con lo que no podía defender con dignidad el asunto. La coordinación con la Policía y con la Subdelegación del Gobierno no era buena en ese sentido. Con las ONG, sí. Con ellas sí ha funcionado muy bien la coordinación. Las ONG lo que hacen es que como a ellas sí las avisa la Policía unos días antes de cada unas de las llegadas, pues nos pasan el listado de las entrevistas y con carácter previo sabemos el letrado que está de guardia. Ese letrado se asesora de las circunstancias del país del solicitante de asilo y va preparando la entrevista, acuden a la entrevista y defienden los intereses de estas personas. Se ejercita en definitiva el derecho a la defensa, cuando antes de alguna forma no se permitía.

–¿A qué media de inmigrantes asisten en Córdoba al año desde el turno de oficio de Extranjería?

–Realizamos alrededor de unas 300 asistencias anuales en Córdoba, en lo que son solicitudes de autorizaciones de residencia o en caso incoación de expedientes de expulsión y expedientes de asilo.

–Lo que está claro es que el fenómeno de la inmigración es imparable y que se deberá gestionar mejor, ¿no cree?

–Es imparable, y al final se conceden muy pocos asilos, uno de cada cuatro o así para todo lo que hay. Ahora con lo que está ocurriendo en Venezuela, el mayor número de solicitantes de asilo lo componen venezolanos. También de Siria ha habido muchos en los últimos años y de ciudadanos de otras nacionalidades enviados aquí por el contingente que se estableció por la Unión Europea para cada país, que por supuesto en España no se ha cubierto. Pero lo que sí es cierto es que sí que hay que un colapso y un grave problema con la gestión de la inmigración y a la Administración o al Gobierno que le corresponda deberá hacer unos esfuerzos para ello que hasta ahora no se han realizado.

–Todo ello en un contexto en el que partidos como Vox plantean la expulsión de inmigrantes

–Ese discurso me parece totalmente erróneo. Es un discurso populista que en definitiva engaña a las masas y sobre el que hay que hacer un análisis adecuado. Hay que tener mucho cuidado con esos discursos. Yo creo que aquí, en nuestro país, que se está hablando de problemas demográficos, del envejecimiento de la población, no podemos darle la espalda a una realidad, la de los movimientos migratorios. Una solución demográfica sería la entrada de la inmigración regulada y coordinada en España y, lo que está claro es que para el tema de la prestación de servicios básicos es fundamental la colaboración y, por supuesto, entiendo que ese discurso xenófobo es muy negativo. Creo que hay que buscar la cara amable de los extranjeros que vienen a España porque la realidad es que la mayoría de los que consiguen un permiso de trabajo realizan labores y tareas que no quieren realizar los españoles, tanto en el campo, en la asistencia a personas mayores... en definitiva, creo que hay que buscar la cara amable del inmigrante, en vez de atacarlo.

–¿Considera entonces que la sociedad actual tiene estigmatizado al inmigrante?

–Se les ha estigmatizado muchísimo y eso es fruto de la ignorancia. La sociedad, por ejemplo, asocia al inmigrante con la criminalidad, pero, insisto, eso viene dado por la ignorancia. En eso también tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación, ya que a la hora de la comisión de muchos delitos hablan de la nacionalidad o la procedencia de la persona que los ha cometido. Y la gente es muy dada a pensar que si ha cometido un delito un extranjero ya todos los extranjeros son delincuentes. Por supuesto, ese discurso es también bastante preocupante.

–Supongo que los políticos tendrán también mucho que decir en lo que respecta a cómo la sociedad ve al emigrante, ¿no?

–Creo que tenemos que aceptar la realidad, que la sociedad está cambiando muchísimo, que el movimiento migratorio es imparable por muchas razones, incluso por razones medioambientales, por el cambio climático... es una realidad que tenemos que aceptar. Hay discursos que lo único que generan es confrontación y me parece que el uso político que se hace de los temas relacionados con extranjería e inmigración es muy peligroso y bastante demencial. Hablo desde la abogacía y creo que la función social nuestra es fundamental, porque vamos a asistir a personas en cualquier circunstancia, algo que es un derecho que está reconocido constitucionalmente, que está reconocido en la Convención de Ginebra, en los tratados internacionales. Quiero reivindicar también la labor de nuestro gremio en ese sentido, porque el trabajo que se realiza es encomiable y somos un grupo de 222 abogados los que en Córdoba, como ocurre con los compañeros del resto del territorio español, tenemos ese compromiso social.

–¿Cuál es la situación de los menores no acompañados?

–Pues también es muy compleja porque es cierto que hay una prioridad, la de la protección del menor, y el principio del interés del menor está por encima de todo, sea extranjero o nacional. Es cierto que los centros están desbordados, lo que también es un problema de falta de medios, y al final muchos de estos menores se encuentran deambulando libremente por las calles, sin comida, sin educación, sin formación...y eso genera en cierta medida conflictos. Recientemente hemos tenido un caso en Montemayor en el que a un grupo de menores no acompañados lo han trasladado a Lucena y los propios vecinos han dicho que no querían que se fueran. Ese es un ejemplo que sale poco en los medios, solo salen cuando hay conflictos. Creo que tenemos que incidir en los casos positivos y lo cierto es que hay muchos menores que logran quedarse aquí, reciben una educación adecuada, una formación y se integran plenamente.