La tensión y el dolor comprimidos en la sala de vistas durante los últimos tres días no pudieron soportar ayer las palabras entregadas del abogado de la acusación particular, Fermín Urbano, durante la exposición final de sus conclusiones. El propio letrado, vecino de Posadas, no pudo reprimir las lágrimas al referirse a Ángela y Cristina, las dos hermanas de 9 y 5 años que perdieron la vida intoxicadas, supuestamente, por el plaguicida utilizado por su vecino. "Los padres están esperando la sentencia para decirle a sus hijas que descansen en paz", manifestó el letrado, que durante las tres sesiones del juicio ha limitado sus intervenciones.

Ayer, sin embargo, con voz entrecortada, puso el tono humano a un procedimiento que desde el lunes se ha centrado en tecnicismos en boca de forenses y peritos. "No cabe ninguna duda de que la muerte de Cristina y Ángela fue por fosfuro de aluminio", subrayó Urbano, quien expuso que el edema pulmonar que sufrieron las pequeñas es absolutamente incompatible con una gastroenteritis. "No tiene ningún sentido que un arroz a la cubana provoque un shock a dos niñas, así que espero -continuó- que la Junta de Andalucía tome las medidas que considere oportunas para sancionar a la empresa que facilitó el plaguicida al acusado, que aplicaba el producto con total impunidad".

Desde que ocurrió el drama, a finales de noviembre de 2006, los padres de las pequeñas -José Arias y Carmen Hernández- han seguido viviendo pared con pared con B. G. C. "Y nunca me han preguntado por la indemnización. A ellos no les importa el dinero. Sus vidas ya no tienen sentido y la única forma de pagárselo es que puedan irse de allí", dijo Urbano, que fue testigo del drama. "Yo les decía a mis hijas que no bebieran agua del grifo. Hubo una alarma que las autoridades tardaron cinco días en aclarar", terminó.