El fiscal solicita tres años para Martínez Múrez por prevaricación urbanística

El ex alcalde de la entidad local autónoma de Encinarejo Miguel Martínez Múrez se sentará el próximo martes en el banquillo de la Audiencia Provincial por un presunto delito de prevaricación urbanística y otro de falsedad cometidos, supuestamente, al conceder la licencia de ocupación a varias urbanizaciones sin que los técnicos hubieran cursado las visitas. La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita para el ex primer edil tres años de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Según relata el Ministerio Fiscal en su informe provisional de acusación, el ex regidor, del Partido Andalucista, dictó el 28 de marzo del año 2003 una resolución por la que concedía licencia de primera ocupación a una constructora de la capital que había edificado 36 viviendas unifamiliares adosadas. La Fiscalía expone que dicho permiso se emitió "sin que se hubiera ordenado por el acusado la preceptiva licencia" y, por tanto, sin que el técnico municipal hubiera emitido el informe. Según consta en el escrito de acusación, la empresa constructora había interesado en su día la licencia, pero "sin que sea cierto que la visita tuvo lugar".

El regidor, por tanto, prescindió supuestamente del informe que es preceptivo conforme a la legislación urbanística vigente, por lo que el permiso de ocupación de las viviendas se otorgó "sin ningún tipo de base técnica o jurídica que garantizara la conformidad de la edificación con la legislación urbanística". La Fiscalía insiste en que Martínez Múrez actuó "de manera manifiestamente arbitraria" con el objetivo de "eludir los trámites esenciales del procedimiento". Es más, el Ministerio Público cita un informe del técnico municipal que acredita que "tales licencias no se podrían haber otorgado por ser contrarias a la legislación y planeamiento urbanístico vigentes".

La Fiscalía acusa a Martínez Múrez, que salió de la Alcaldía en las últimas elecciones municipales después de ganar el PSOE, de un presunto delito de prevaricación urbanística, por el que solicita ocho años de inhabilitación y una multa de 2.880 euros, y falsedad en documento público, por el que podría cumplir una pena de prisión de tres años y otros años de inhabilitación, así como asumir una multa de 1.440 euros.