Los sindicatos denuncian que Justicia cubre vacantes con personal sin cualificar
Las centrales achacan la situación al "funcionamiento deficitario" del SAE
Las centrales sindicales CSIF, SPJ-USO, UGT y CCOO fueron ayer unánimes al denunciar que la Junta de Andalucía ha cubierto al menos una decena de plazas vacantes en los juzgados con personal sin cualificación procedente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que supone un "grave perjuicio" para el funcionamiento de esta administración. Los representantes de los funcionarios remitieron ayer un escrito a la delegada de Justicia, Mercedes Mayo, para reclamarle que tome "las medidas necesarias para evitar estas disfunciones" en unos servicios ya "saturados y colapsados". El problema reside en que la bolsa para cubrir las vacantes que dejan las bajas por enfermedad de los funcionarios, las liberaciones sindicales o los permisos por maternidad se encuentran vacías. De ahí que Justicia tenga que recurrir a trabajadores que buscan empleo a través del SAE para cubrir estos puestos. Pero, según los sindicatos, los aspirantes propuestos en los últimos meses "no cumplen los requisitos exigidos".
La idea es que las plazas se nutran con candidatos que han superado algún ejercicio a los cuerpos de la Administración de Justicia y que "estén en posesión de titulación suficiente", en lugar de que "se remitan aspirantes con ejercicios aprobados en otros cuerpos".
El problema planteado por las centrales es doble: además de que el convenio colectivo se interpreta "de manera arbitraria", los trabajadores no poseen conocimientos suficientes para sentarse en una oficina judicial, pues en ocasiones desconocen incluso el léxico utilizado. Los sindicatos achacaron esta situación al "deficitario funcionamiento del área de selección del SAE", que incluso "se niega a remitir" a los candidatos que cumplen los requisitos exigidos. También criticaron su "retraso injustificado" a la hora de proponer a los aspirantes y que no remiten el número de personas suficientes por plaza, que el convenio fija en cinco. CSIF, SPJ-USO, UGT y CCOO recordaron que esta situación no se da sólo en Córdoba capital, sino que es extensivo a otros municipios y a otras provincias de la comunidad autónoma.
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