El servicio de orientación jurídica gratuita atiende a 622 reclusos

El servicio de orientación jurídica penitenciaria que financia la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha atendido durante el año pasado a 622 reclusos en Córdoba, según el balance de esta prestación, que dispensan 116 abogados en la provincia cordobesa.

Son los datos facilitados por la delegada del Gobierno andaluz, Rafaela Crespín, quien ayer explicó que, "gracias a esta prestación la población reclusa, en Córdoba, como en el resto de Andalucía, cuenta con un servicio de asesoramiento gratuito sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o sobre los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita general". Para ello, según Crespín, la Consejería de Justicia e Interior "destinó 9.108 euros durante el año pasado a sufragar los gastos de este servicio" en la provincia cordobesa "y ha abonado otros 8.459 euros a los Colegios de Abogados por la realización de la prestación durante los tres primeros trimestres del presente 2016".

De este servicio, según recordó la delegada, "se encargan letrados especialistas en materia penitenciaria que se desplazan a las prisiones para prestar la orientación jurídica en unas horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces y a favorecer su reinserción social".

La prestación forma parte de un convenio firmado por la Junta con el Ministerio del Interior, como responsable de las políticas penitenciarias, y los representantes de los abogados andaluces, con una vigencia de tres años prorrogables y una financiación de la Administración andaluza que se acercará en total a los 420.000 euros hasta 2018.

Crespín señaló que, "además del servicio de orientación jurídica penitenciaria, la Consejería de Justicia e Interior financia la asistencia jurídica gratuita, que está dirigida a la población en general con menos recursos económicos, a lo que destinó el pasado mes de julio 9,7 millones de euros, para liquidar los pagos correspondientes al primer trimestre de este año, en cumplimiento del calendario acordado con los consejos de colegios de abogados y procuradores". En este caso, el Ejecutivo autonómico abona los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia, y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores. La Junta, según Crespín, "considera que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario, como parte de las políticas sociales y por la igualdad que lleva a cabo para garantizar los derechos de toda la ciudadanía, en este caso de las personas que tienen menos recursos económicos para acceder a una asistencia jurídica".