La sentencia firme del Supremo en el caso Malaya se demora tres meses más

La sentencia firme contra la corrupción en Marbella se demorará un poco más. El Tribunal Supremo ha acordado prorrogar el plazo para dictar su pronunciamiento tres meses más, por lo que no será hasta mayo cuando las 52 condenas emitidas por la Audiencia Provincial sean ratificadas. Esta es la segunda vez que el Alto Tribunal prorroga su dictado. Este asunto afecta de manera directa al empresario y líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, que recurrió la pena impuesta de seis meses de cárcel y una multa de 150.000 euros por cohecho y que puede encontrarse con una sanción mayor que lo llevaría incluso a la inhabilitación. Gómez tiene previsto presentarse a las próximas elecciones pero la sentencia del Supremo, que además irrumpiría en plena campaña electoral, podría cambiar las cosas. Por el momento, el líder de Unión Cordobesa no ha hecho pública su intención de concurrir a la Alcaldía -algo que se da por hecho- y es el único partido, a excepción de Ganemos, que queda por presentar a su cabeza de lista para los próximos comicios municipales de mayo.

La Sala de lo Penal del Supremo emitió ayer un auto en el que estima que son necesarios tres meses más, a contar desde ayer mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 899 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta el "extraordinario volumen de la documentación existente y la extensión de la sentencia de la Audiencia (5.814 folios). En el escrito destaca que se ha de tener en cuenta también en esta prórroga "el curso de las deliberaciones en relación con las múltiples cuestiones fácticas y jurídicas suscitadas por los 55 recurrentes".

Con fecha de 4 de octubre de 2013 la Sección Primera de la Audiencia Provincial dictó sentencia por el caso Malaya imponiendo 133 años de cárcel y multas por importe de 585 millones de euros a los 52 condenados, al tiempo que absolvió a otros 32 procesados, que se sumaron a los nueve más que la Fiscalía Anticorrupción retiró los cargos en junio de 2012 y otros dos implicados fallecidos desde que concluyó la vista oral en 2012. Para el cerebro de la trama urbanística de Marbella, Juan Antonio Roca, el Tribunal presidido por José Godino le impuso una pena de 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude. Sobre el dictamen cabía recurso ante el Tribunal Supremo. A mediados de julio de 2014 el Alto Tribunal acogió las vistas de los recursos interpuestos por las defensas de los condenados, la Fiscalía, la Junta de Andalucía y Abogacía del Estado.

Esta es la segunda vez que el Alto Tribunal amplía el plazo para dictar la sentencia firme del caso Malaya. Un auto anterior emitido en el mes de septiembre del año pasado acordaba la misma medida, "prorrogar el término para dictar sentencia", y los argumentos expuestos fueron igualmente el volumen de documentación y la complejidad de la macrocausa. Desde que se inició el juicio, que se alargó durante casi dos años, han pasado ya más de cuatro años.