Un saharaui se enfrenta a dos años por agredir a un guardia en el Registro Civil

Un hombre de 31 años nacido en la localidad de El Aaiún, antigua capital del Sáhara Español, se enfrenta a dos años y seis meses de prisión por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad por agredir supuestamente a un guardia civil en las dependencias del Registro Civil, en la calle Doce de Octubre, adonde había acudido para solicitar la nacionalidad española. El suceso se produjo el 4 de julio de 2008.

Según relata la Fiscalía Provincial de Córdoba en su informe provisional de acusación, el incidente se desencadenó sobre las 12:50, cuando el encartado -E. U. H. U. S. U. A.- entró en las dependencias judiciales y exigió entrevistarse con la secretaria, lo que le fue impedido por los agentes debido a que tenían la orden "de no permitir el acceso del público al despacho". El fiscal relata cómo el acusado manifestó "a gritos" que le tenía que arreglar sus papeles "por las buenas o por las malas" porque "llevaba ya tres meses durmiendo en unos jardines".

Ante esta "alteración del orden", los funcionarios requirieron la presencia de la Guardia Civil de custodia, y al lugar del suceso acudieron cuatro uniformados que trataron, según el fiscal, de que el procesado "depusiera su actitud". Pero aquél, lejos de obedecer, dio supuestamente "un empujón y una bofetada" a uno de los policías. El acusado fue sacado por la fuerza de las dependencias y llevado a la calle, pero opuso tal resistencia a salir del Registro Civil que durante el forcejeo llegó a doblar los grilletes. Según el fiscal, además, gritó a los agentes que tenía que cortarles el cuello. Finalmente, fue introducido en el furgón policial y llevado a la Comisaría. El Ministerio Público le solicita dos años y seis meses de cárcel por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad.

Ciudadanos originarios del Sáhara Occidental viajaron a Córdoba durante 2008 para tramitar en el Registro Civil de la capital los papeles de su nacionalización. La avalancha de solicitudes fue tal que los inmigrantes llegaron a acampar en los jardines públicos. El proceso, promovido por la secretaria del registro, fue paralizado por la oposición de la Fiscalía Provincial de Córdoba, y los cientos de expedientes autorizados se encuentran aún en revisión. El juez decano, Luis Rabasa, también consideró ilícito el procedimiento y explicó que el Ministerio del Interior debe reconocer antes la situación de apátridas de los saharauis.