El reto del agua
La falta de suministro que sufrieron 80.000 vecinos del Norte de Córdoba durante un año es la mayor evidencia de que la provincia tiene que estar preparada para sequías prolongadas
El 17 de abril de 2023, alrededor de 80.000 vecinos del Alto Guadiato y Los Pedroches se quedaron sin agua potable. La sequía extrema que vació el pantano de Sierra Boyera, del que se suministran las localidades del Norte de Córdoba, y la contaminación de La Colada, embalse utilizado como alternativa, dejó a los vecinos de 24 localidades sin agua del grifo. Hasta el 22 de abril de 2024, más de un año después, las colas del agua en las plazas de los pueblos para llenar botellas de los camiones cisterna se convirtieron en una escena habitual, para desesperación de las familias.
El regreso de las lluvias el pasado invierno, tras meses sin caer una gota, y el plan de urgencia financiado por la Diputación con una inversión de cuatro millones de euros para ejecutar cuatro intervenciones –sistema de ultrasonidos aplicado en La Colada, obras del Cuartanero, cubrición de depósitos de Sierra Boyera y estudio de fugas– permitieron resolver el problema del suministro de manera temporal. Pero el reto del agua sigue pendiente, como repite de manera recurrente el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, cada vez que tiene posibilidad. Fuentes, de hecho, ha convertido la defensa del agua en uno de los emblemas de su mandato en el Palacio de la Merced, consciente de que la llegada de una nueva sequía prolongada como la ya superada devolvería los problemas al punto de partida: más cortes y más camiones cisternas.
La gran infraestructura pendiente es la conexión definitiva entre Sierra Boyera y La Colada, que desde la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía consideran la única solución estructural posible para garantizar el suministro hídrico en el Norte de la provincia. En octubre del año pasado, la Administración autonómica llegó a adjudicar el contrato de las obras de manera definitiva a la empresa Jícar por 9,3 millones de euros, pero la intervención sigue sin ejecutarse por la negativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a conceder los permisos necesarios.
El conflicto viene de largo. El embalse de La Colada se proyectó con objeto de mejorar el abastecimiento del Norte de la provincia y sus obras finalizaron en 2006, aunque quedó sin conexión tras paralizarse aquellos trabajos en 2009. Ahora se plantea la construcción de una toma en el embalse, una estación de bombeo con una capacidad de 600 litros por segundo y las conducciones necesarias hasta conectar con garantías con Sierra Boyera. Aunque todo está en el aire, de nuevo, por el conflicto entre administraciones gobernadas por partidos de signo diferente.
El trasvase de Iznájar
En el Sur de la provincia, el problema hídrico tampoco está resuelto, y las aguas del pantano de Iznájar se remueven de manera cíclica por el proyecto nunca ejecutado de llevar parte de las reservas del embalse hasta los municipios de la comarca de Antequera. De la necesidad de trasvase o transferencia –según quien hable– desde el mayor embalse de Andalucía, con una capacidad de 3.411,920 hectómetros cúbicos, hasta Málaga lleva años hablándose. Y periódicamente salta la alarma a raíz de alguna declaración extemporánea que sitúa el proyecto en primera línea de la actualidad.
Es un proyecto que todas las fuentes consultadas tildan de “faraónico”. Por su coste económico, por el ingente volumen burocrático que moverá y, sobre todo, por la necesidad de poner en común a administraciones públicas que chocan continuamente. Para empezar, aunque la Junta de Andalucía garantizara en su momento que financiará la infraestructura, que superará los 60 millones de euros según los primeros cálculos, necesita del visto bueno del Gobierno central. También tienen que entenderse la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de la que depende el pantano, y la Cuenca Mediterránea Andaluza, donde se integran las localidades malagueñas. A esto hay que sumar diputaciones, ayuntamientos, propietarios y un largo etcétera.
Si el proyecto se materializara, beneficiaría a unos 120.000 vecinos del Norte de la provincia de Málaga, pues garantizaría el suministro en Alameda, Mollina, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Villanueva de la Algaida, Casabermeja, Villanueva de la Concepción o Humilladero. En la parte cordobesa, sin embargo, el proyecto sólo crea malestar, fundamentalmente en Iznájar, que mantiene una relación complicada con este lago artificial inaugurado en 1969, en plena dictadura, y cuyas obras causaron una gran controversia, pues inundó gran parte del caserío, lo que provocó un daño que a día de hoy consideran que no se ha reparado.
La batalla del campo
Hay otra batalla que se libra en el campo: la del regadío. La provincia de Córdoba vive toda una paradoja ya que, a pesar de almacenar casi el 50% del agua del Guadalquivir, apenas riega el 15% de la superficie de regadío de la cuenca, un déficit que el campo cordobés considera injusto. Por poner un ejemplo, en Sevilla únicamente se almacena un 17% pero se cubre el riego del 40% de las hectáreas. Las organizaciones agrarias llevan años denunciando que siendo tan importante el olivar para la economía de la provincia, sólo por detrás de Jaén, y que además esté sustituyendo a otros cultivos deficitarios, Córdoba se encuentre infradotada, lo que —denuncian— lastra el desarrollo.
Y en el Norte preocupa especialmente el abastecimiento para el ganado, por lo que el sector ha solicitado que se permita destinar agua de La Colada al consumo de las explotaciones. La presa completó su llenado en 2010; con 57,7 hectómetros cúbicos, calculan que sólo cuatro permitirían garantizar las necesidades. También reclaman autorizaciones de microembalses y balsas de un volumen mínimo, que no se permiten actualmente al estar en cauces públicos, así como dotar una cantidad importante de agua para riego en la comarca de Los Pedroches.
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