La retirada de puntos del carné se aplica sólo en diez localidades

Más de cuatro años después de que entrara en vigor, el carné de conducir por puntos aún no se aplica de manera igualitaria en todo el territorio español. Es decir, no todos los ayuntamientos están conectados al sistema telemático de la Dirección General de Tráfico (DGT) mediante el cual tienen que comunicar las sanciones que conllevan pérdida de puntos para que Tráfico proceda a su correspondiente retirada. En el caso de Córdoba, de los 75 municipios existentes sólo una decena están conectados con la DGT y los 65 restantes no lo hacen. Esto significa que en un 87% de las localidades cordobesas las infracciones están quedando impunes respecto a la detracción de puntos. Algunos de estos municipios tienen poblaciones que rondan o superan los 20.000, como son los casos de Montilla, Pozoblanco o Cabra. En Córdoba capital, en cambio, los agentes de la Policía Local sí actúan con diligencia y la detracción de puntos está a la orden del día.

Los datos han sido revelados por la Asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y se basan en la respuesta del Gobierno a una pregunta por escrito del grupo parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-ICV en el Congreso. Sobre esta denuncia, la AEA concreta que sólo 615 de los 8.112 municipios españoles remiten la retirada de puntos de los carnés de conducir de manera telemática a la DGT. Los demás, según estos datos y la respuesta del Gobierno, no lo hacen.

En la provincia cordobesa una decena de municipios (Baena, Bujalance, La Carlota, Córdoba, Fernán Núñez, Lucena, Montemayor, Palma del Río, Priego de Córdoba y La Rambla), según el citado estudio, están conectados telemáticamente con la DGT y podrían tramitar de forma independiente las sanciones. En otras provincias como Málaga, algunos ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, tienen firmado un convenio con la Diputación para comunicar las sanciones firmes en vía administrativa a la Jefatura de Tráfico, algo que no se realiza en Córdoba, informaron fuentes de la institución provincial.

En general existen muchas dudas, confusión y desconocimiento al respecto. Fuentes consultadas de distintos municipios coinciden en subrayar que en unos casos es más fácil de aplicar la retirada de puntos que en otros. Esto da a entender que hay conductores a quienes le detraen los puntos correspondientes y hay otros a los que no. Pero no concretaron si están conectados o no ni en qué momentos el sistema funciona.

Otros municipios, en cambio, sí actúan con diligencia. Es el caso de Baena, donde el carné se ha aplicado desde su implantación hace ya más de cuatro años, informaron fuentes del Consistorio. Tanto agentes de la Policía Local como de la Guardia Civil son los encargados de tramitar estas multas y enviarlas directamente a Tráfico cuando se registran sanciones. Una de las más frecuentes en esta ciudad del Guadajoz es el aparcamiento sobre pasos de peatones o en zona reservada para minusválidos.

En Palma del Río, en cambio, la detracción de puntos se debe, principalmente, a que los conductores utilizan el teléfono móvil mientras circulan, aunque también son "muy numerosas" las infracciones por no utilizar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil, informó el concejal de Seguridad, Andrés Rey Vera. El edil subrayó que su departamento remite "puntualmente" toda la documentación del conductor multado a la DGT.

Los lucentinos, por su parte, pecan de no ponerse el cinturón de seguridad, de conducir hablando por el móvil y de saltarse semáforos en rojo. En menor medida, han sido sorprendidos aquellos que programan el GPS mientras conducen, informaron fuentes municipales. Mención aparte merece el caso de conductores que superan la tasa de alcoholemia. Este sector, muy numeroso, se prodiga más cuando se aproximan las fiestas navideñas, las ferias y la Semana Santa.

Pero los casos de Córdoba capital o los citados de Palma del Río, Baena o Lucena no son la norma. Según la AEA, queda más de un 40% de la población andaluza cuyas infracciones son impunes respecto a la detracción de puntos. Este dato, según los automovilistas, duplica el aportado por el director de la DGT, Pere Navarro, en una respuesta dada al Tribunal Supremo hace dos años. Entonces, Navarro señaló que los ayuntamientos que no se habían adaptado "sólo eran el 21,8%".

El máximo organismo de Tráfico asegura ahora que el carné por puntos se aplica a todos los conductores, según manifestó la DGT. Las mismas fuentes concretaron que el sistema se aplica en la actualidad al 99,9% de la población y consideraron que "es raro y escasísimo el número de municipios en los que no se restan puntos".

Desde la DGT insistieron en que el hecho de que un Consistorio no esté conectado telemáticamente con Tráfico no significa que no se retiren puntos, pues en estos casos son las jefaturas provinciales de Tráfico o las diputaciones, como ocurre en Málaga, las que tramitan las multas y se las comunican a la DGT. Esta segunda vía se emplea por insuficiencia de recursos o por razones diversas. "El sistema del carné por puntos se aplica en toda España, quizás en algún ayuntamiento concreto no, pero son pocos y no un 90%", insistió Tráfico. En cambio, según la AEA, hasta 44 grandes municipios de más de 50.000 habitantes de toda España no están conectados directamente. "En estos casos no pueden decir que es por falta de recursos", criticó Mario Arnaldo, presidente de AEA, que pidió "más transparencia en lugar de marear la perdiz".

"Aquí empieza el problema, pues no se sabe qué ayuntamientos retiran los puntos directamente, cuáles no lo hacen ni quién asume la competencia. Estos datos no constan en el BOE", contó Arnaldo, quien insistió en que aquellos ayuntamientos que no están conectados con la DGT no retiran puntos. "Es un enigma averiguar dónde se retiran puntos y dónde no. Debe de haber un listado municipio por municipio", demandó. "Es injusto que, por una misma infracción, un conductor pierda puntos y otro no. Se debe aplicar en todo el territorio nacional por igual, no de manera discriminatoria", declaró el presidente de la AEA.

Esto pone en evidencia -señaló el colectivo- que la participación de los ayuntamientos en la política de seguridad vial sigue siendo un problema para la DGT, que recurrió al Ministerio de Justicia para amenazar con denunciar por prevaricación a los funcionarios municipales "desobedientes", tal y como advirtió el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.