La Ley Rider es el intento del Gobierno de controlar un sector hasta ahora “libre”, según han denunciado los afectados. Se trata de un documento que regulará el trabajo que se hace a través de plataformas de internet y que entrará en vigor en un plazo de 90 días. Una vez vigente, el sector de los repartidores tendrá que ser contratado como trabajadores por cuenta ajena y en plantilla de alguna de las plataformas más conocidas de reparto a domicilio: que en Córdoba son Glovo, Uber Eats o Deliveroo.

Distintas asociaciones que representan a la comunidad de estos trabajadores, que no están sindicados, se han mostrado totalmente en contra de la ley y de que se haya negociado entre el Gobierno y CCOO y UGT como representación sindical y por la CEOE como representación de la patronal. Una parte de estos trabajadores lo califican como “laboralización forzosa”. En Córdoba, aunque no hay una cifra exacta, los sindicatos estiman que podría afectar a más de 200 trabajadores.

Para la Asociación Autónoma de Riders de España, por ejemplo, una sentencia desfavorable a las empresas de reparto a través de plataformas digitales “podría suponer una huida de estas empresas del país” y con ello, más desempleo en España.

Visto así, las opiniones están divididas. Una parte de estos trabajadores prefieren seguir siendo autónomos porque consideran que tienen la posibilidad de ganar más dinero y que con la ley "gana el Gobierno, las empresas y perdemos nosotros", mientras otro sector, entre ellos los sindicatos, apuntan que se trata de acabar con la figura de "falsos autónomos" y de “defender los derechos y mejorar las condiciones laborales”, que califican actualmente como “esclavitud moderna”.

Una camarera entrega un pedido a un repartidor de Glovo en Córdoba.

Just Eat, hasta ahora, es la única de estas plataformas que respalda la ley y se desmarca así de Uber Eats, Glovo o Deliveroo. Sin embargo, algunos repartidores de Just Eat han denunciado ya que no están contratados por la empresa sino a través de una ETT, que ganan 418 euros y que los gastos del vehículo siguen corriendo por cuenta del trabajador, un escenario que temen se repita con las demás plataformas. Hecha la Ley, hecha la trampa.

Así lo ha puesto de manifiesto, por ejemplo, Emer Dávila, que entró al sector hace ocho meses en Córdoba y puede llegar a ganar hasta 1.500 euros netos un buen mes, con lo cual considera que convertirse en asalariado "no me compensa" pues no cree que vayan a ganar más del salario mínimo. Hasta ahora, Dávila asegura que no conoce a ningún compañero que haya recibido ninguna llamada, mensaje o correo desde las plataformas para arrancar el proceso de contratación.

La otra realidad de estas plataformas es el alquiler de cuentas a personas sin papeles en regla, que las usan como primer trabajo en negro mientras logran regularizar sus estatus. En este sentido, desde CCOO han expresado a el Día que la intención del Ministerio no es dejar sin empleo a esta población, "sino todo lo contrario, se trata de protegerlos". Dávila, al respecto, admite que sí ocurre pero que "es complicado que una persona se haga autónomo solo para alquilar una cuenta" y considera que sería más efectivo acelerar los procesos migratorios de esas personas para incluirlos en el sistema laboral. 

Para Dávila, que prefiere seguir siendo autónomo, una solución más efectiva al conflicto sería que el Gobierno y las empresas aplicaran una especie de consulta para conocer lo que prefiere cada repartidor, cuyas realidades y experiencias en este sector pueden ser muy distintas entre sí. 

Los algoritmos

Sin embargo, la cosa no queda allí. La novedad del texto aprobado viene con la obligatoriedad a las empresas de publicar los algoritmos de cada plataforma con el objetivo, dice el Ministerio, de que no se pueda “castigar” o penalizar a un trabajador a través de la información que recogen esos algoritmos.

Algunas de estas plataformas liberan más horas de reparto a los riders por tener más tiempo haciendo uso de la aplicación en activo o por haber alcanzado la entrega de un mayor volumen de pedidos, y libera menos horas a los nuevos usuarios o los que no trabajan los fines de semana. Esto, de cierta forma, indican los sindicatos, obliga a los trabajadores a mantenerse siempre en activo para no ser “castigados” o incluso sufrir una especie de despido mediante la eliminación de sus cuentas o desconexión de la plataforma. Sin embargo, Emer asegura que no conoce ningún caso parecido y que los repartidores "suelen tomarse sus días libres entre semana, cuando hay menos volumen de pedidos, y no pasa nada".

Para el Sindicato de Servicios de CCOO Córdoba, cuando te apuntas a una de estas plataformas "no sabes quién es tu superior" ni a quien reclamarle en caso de accidentes en un sector "con un alto riesgo psicosocial y físico". Por eso quieren conocer cómo funcionan las aplicaciones desde dentro, cuántos kilómetros hacen los repartidores, cuántas horas trabajan y cuáles son los pluses que complementan ese salario base. 

Al respecto, Dávila explica que las tarifas e incentivos varían. La tarifa base por pedido puede ser de 1,75 euros, más 0,40 céntimos por kilómetro recorrido y un incremento por un tiempo de espera mayor a cinco minutos. Asimismo, cuando llueve dan bonos de 4 a 6 euros, por lo que "preferimos salir incluso más cuando llueve", alega. 

Emer Dávila es de la gran mayoría de repartidores que ven el trabajo como algo transitorio y que tuvo que empezar cuando llegó la pandemia, tiene 28 años y es electromecánico industrial, una profesión que pretende retomar cuando mejore la situación. Si lo llaman desde Glovo para un contrato, asegura que "aceptaré solo si no tengo más opción, si no, quiero seguir siendo autónomo", concluye.