Como en los tebeos de Astérix, toda la Galia (Córdoba) está ocupado por los romanos (los que están a favor -o les da igual- de la idea de la Junta de construir una torre de 16 plantas en Noreña). ¿Toda? No. La Gerencia de Urbanismo prepara la respuesta a las dos alegaciones recibidas contra el proyecto realizado por Guillermo Vázquez Consuegra, muy similares en su argumentación técnica, por parte de Ecologistas en Acción y de una de las personas que más ha influido en la política urbanística del PSOE andaluz y cordobés, el arquitecto y ex viceconsejero de Obras Públicas José Rodríguez Rueda.

El hecho de que Rodríguez Rueda alegue contra un proyecto de la que fue su casa tiene una fuerte carga de profundidad simbólica, al menos entre los ambientes de la política y el urbanismo. El arquitecto preside Futura, un grupo de pensamiento progresista sobre asuntos de ciudad, muy ligado a lo socialista. Rodríguez Rueda ha sido -está jubilado- también una persona de enorme ascendencia dentro de la Junta sobre las decisiones relativas a la ciudad en materia urbanística, con un montón de muescas en el revólver: las negociaciones de Renfe, el fallido puente de Calatrava, los dos planes generales de ordenación urbana de la democracia o la sustitución de las casitas portátiles de Las Moreras por el actual barrio de VPO, entre otros muchos temas. El texto presentado por Rodríguez Rueda supone en realidad un acto de coherencia. Fue el promotor de la plataforma contra la construcción de la torre Prasa, junto al ex alcalde Herminio Trigo y al también arquitecto Juan Cuenca.

La argumentación técnica que realiza el ex alto cargo de la Junta de Andalucía se puede resumir en que la torre de Noreña va contra el planeamiento, la ley y el sentido común. La alegación -pendiente de contestarse por los servicios técnicos de Urbanismo- entiende que todo edificio que se encuentre por encima de los 22,5 metros (la torre triplica esta altura) no tiene cabida en el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba y estima que la ley andaluza prohibe expresamente este tipo de construcciones al entender que el planeamiento de una ciudad implica un modelo urbanismo que es el quieren los ciudadanos, a través de la voluntad de sus representantes.

Entiende la alegación que la ubicación de la parcela no es, como asegura su promotor (la Junta) y la Gerencia de Urbanismo, periférica. "Este tipo de apreciación es propio de un tiempo urbanístico de la ciudad anterior al del ensanche de Poniente, en los años 80, y por tanto, impropia de hoy, en que está plenamente inmersa en la ciudad consolidada cuyo corazón es el Casco Histórico", afirma. El riesgo, asegura, es que emplazamientos similares los hay a docenas. El riesgo, se deja entrever, está en que el ejemplo cunda.

Entiende Rodríguez Rueda que no se puede alegar en este caso el carácter de edificio singular, una categoría reservada a inmuebles públicos o de entidades sin ánimo de lucro. El informe asegura que no se puede apelar a estas característica para levantar moles que vayan contra el modelo general de ciudad y que el proceso de revisión del PGOU vigente en ningún caso planteó el debate de las construcciones en altura (un argumento que hizo suyo la propia Junta en el caso de la torre Prasa y que abandonó cuando el edificio en altura era el propio). Además, aporta una reflexión económica: qué sentido tiene realizar un edificio tan costoso, para una serie de servicios administrativos en momentos de fuerte crisis económica.

Ecologistas en Acción sigue la argumentación técnica del arquitecto y le aporta factores ambientales. Según explica la alegación, España firmó a mediados de los años 90 el Convenio Europeo del Paisaje, que apuesta por que las autoridades públicas de todo signo fomenten la protección de la imagen de los entornos naturales y urbanos. "¿Tiene España la capacidad de firmar convenios internacionales si luego las administraciones autonómicas y locales pueden negarse a aplicarlos como en este caso? ¿En qué país vivimos?", afirma el texto de la alegación que insta al presidente de la Junta "a no empezar su mandato aceptando este abuso a la ciudad".

66