Los veterinarios salen a la calle en Córdoba: "Con la salud de los animales no se juega"

Córdoba/Los veterinarios de Córdoba se han vuelto a echar a la calle este domingo para mostrar su rechazo al Real Decreto 666/2023 porque "perjudica a la salud de los animales". Más de un centenar de personas se han concentrado en el Quiosco de la Música del Paseo de la Victoria para reclamar al Ministerio de Agricultura la retirada de esta normativa por todos los problemas que les genera en el día a día de su profesión y también a los dueños de las mascotas.

Bajo el lema "Con la salud no se juega" y con la presencia de numerosos perros y otras mascotas, han mostrado su rechazo a este decreto aprobado en 2023; la citada norma, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, empezó por afectar a los veterinarios de explotación, que llevan los animales productores de alimentos y en el 2025 es cuando ha empezado con los animales de compañía.

Mari Paz Castellano es la presidenta de la Asociación Cordobesa de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía, organización que ha convocado la movilización, que se suma a las que el sector ha celebrado desde el pasado mes de febrero y, desde entonces, ha asegurado "seguimos sin que nos escuchen".

Castellano ha denunciado que el citado real decreto "está hecho sin nuestros criterios, sin nuestras valoraciones y sin consultar con los que sabemos". "Hemos hecho un llamamiento a la población porque esto afecta muchísimo a la salud de los animales y, por tanto, a la salud de las personas", ha explicado.

Pero, ¿cómo afecta esta norma en el día a día de los veterinarios? Pues, una de las consecuencias, según Castellano, es el retraso que genera en las consultas "porque nos obligan a recetar una lista de medicamentos y, algunos de ellos, necesitan de un antibiograma, una justificación para mandarlos y, eso retrasa el tratamiento de un animal, lo que puede conllevar un perjuicio en su salud". En esta línea, ha subrayado que "no es lo mismo tratar inmediatamente que tratar al cabo de una semana o diez días, que es lo que tarda un cultivo".

Otro de los efectos negativos de los que ha alertado, en este caso, para los propietarios de las mascotas es el encarecimiento de los tratamientos: "No es lo mismo llegar y topar con un tratamiento que por nuestros criterios clínicos sabemos que funciona, a empezar por un antibiótico que sabemos que no va a funcionar y terminar teniendo que hacer un cultivo para usar esos determinados antibióticos que nos tienen restringidos".

"Es una cuestión política"

A su juicio, que el Ministerio de Agricultura, que dirige Luis Planas, no haga caso a sus protestas y no les haya incluido en la redacción de la citada normativa "es cuestión de política". El Real Decreto, ha insistido, "se ha hecho detrás de un despacho sin ver la realidad de los veterinarios que estamos en primera línea de acción".

"Nosotros, ahora mismo somos administrativos. Nos sentamos delante del ordenador porque tenemos que justificar y lanzar al Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (Presvet) todos y cada uno de los antibióticos que utilizamos", ha expuesto.

Como consecuencia de ello, ha alertado de que el tiempo en consulta pasa, por ejemplo, de 15 a 30 minutos porque "tienes que inscribir en el Presvet lo que hemos utilizado, las dosis, la vía y por qué lo hemos usado".

María Paz Castellano ejerce como veterinaria desde hace 27 años y ha considerado que la entrada en vigor de esta normativa "nos ha matado a nosotros y va a matar a muchos animales".

Tras las últimas concentraciones y protestas que han llevado a cabo, el colectivo veterinario no descarta incluso convocar una huelga general para mostrar su rechazo a esta norma.

La concentración, por otra parte, también ha servido para la recogida de firmas a favor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que reclaman la derogación del citado real decreto y en la que también solicitan el retorno de todas las competencias sanitarias al Ministerio de Sanidad reconociendo la actividad veterinaria como "una actividad sanitaria y garante de la salud pública en todo su conjunto".

Además, en la misma ILP solicitan la reforma de la Ley de Garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, de manera que "elimine la incompatibilidad entre prescripción y venta del medicamento al facultativo veterinario, permitiendo la venta al menor de los medicamentos veterinarios por los centros veterinarios en ejercicio clínico, en igualdad con el resto de los países comunitarios", según recoge el texto.