La protesta de los secretarios obliga a suspender un centenar de juicios

La histórica jornada de protesta secundada por la totalidad de los secretarios judiciales de Córdoba obligó ayer a suspender un centenar de vistas orales en órganos de todas las jurisdicciones y paralizó totalmente los tribunales durante tres horas. Los pasillos se quedaron vacíos y las salas de vista ofrecieron una imagen inédita para una jornada laboral en la que únicamente estuvo activo el Juzgado de Instrucción número 6, que ejercía funciones de guardia. La sanción impuesta por el Ministerio de Justicia a la secretaria del caso Mari Luz y la falta de medios materiales y humanos para sacar adelante el trabajo acumulado durante meses fueron las principales razones de una huelga que, por primera vez, puso de acuerdo a todos los estamentos de la Administración de Justicia, desde los secretarios hasta los magistrados, desde los funcionarios hasta los fiscales.

El paro, convocado por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), se prolongó desde las 10:00 hasta las 13:00. Los secretarios celebraron una asamblea y a las 11:30 salieron a la puerta de la Audiencia para la lectura de un manifiesto, acto en el que estuvieron acompañados por miembros de la judicatura. El delegado territorial del CNSJ, José Antonio Guerra, lamentó que la sanción impuesta a su compañera de Sevilla "encubre la ausencia de reformas modernizadoras de la Justicia a las que está obligado el ministro por no asumir sus responsabilidades".

El portavoz del cuerpo superior jurídico de secretarios insistió en que la finalidad del paro es "debatir y poner de manifiesto la lamentable situación" de esta administración para "impulsar la modernización de la Justicia que merece el ciudadano". Los secretarios responsabilizaron a la "insuficiencia de medios organizativos, personales, materiales e informáticos" la dilación de la ejecución de la sentencia contra Santiago del Valle, lo que permitió que el presunto asesino de Mari Luz Cortés permaneciera en libertad a pesar de que sobre él recaía una condena por abusar de su propia hija. "Debe iniciarse de inmediato una inversión económica sostenida en la mejora de los medios para el desarrollo de las funciones que nos son propias y para poder dar un servicio público con garantías y tecnológicamente moderno", reivindicó Guerra a través del comunicado.

El cuerpo judicial también exigió que se desarrolle la regulación de la oficina judicial prevista desde 2003 -y que desde entonces permanece en espera- y la implantación de servicios comunes dirigidos en exclusiva por secretarios judiciales. También reclamaron la reforma de las leyes procesales, "con una correcta división de funciones entre la carrera judicial y el cuerpo superior jurídico de secretarios", con el objetivo de que a los primeros les quede "la labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". Los funcionarios lamentaron, por último, que la sanción a la secretaria del caso Mari Luz se convierta en una "cortina de humo de las carencias reales de la Administración de Justicia".

El portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Juan Calzado, informó de que el acto de protesta fue secundado por el "100%" de la plantilla y no descartó que se convoquen nuevos actos reivindicativos en las próximas semanas. Esta decisión, sin embargo, queda en manos de las directivas de las organizaciones convocantes, que reaccionarán "tras analizar la reacción política". "No es un problema que se soluciona con una huelga de tres horas", concluyó Calzado, quien lamentó que "nunca hay responsables políticos de nada".

La protesta de los secretarios fue respaldada por los sindicatos de funcionarios, que apuntaron precisamente a la responsabilidad del Gobierno central en los hechos. El Sindicato Profesioanl de Justicia (SPJ-USO) denunció, de esta manera, "la postura cínica de los actuales responsables del Ministerio de Justicia" debido a que, a pesar de ser conocedores de los problemas "y de la enorme carga de trabajo que desde hace años soporta la Administración de Justicia, han preferido buscar un cabeza de turco en vez de asumir las responsabilidades políticas derivadas de su propia inacción". El portavoz del sindicato, Domingo Castillo, recordó que durante los últimos años "han sido reiterados los informes de la Inspección que aconsejaban aumentar el número de juzgados de lo Penal y de funcionarios de su plantilla", documentos que "se han ignorado sistemáticamente por el organismo competente, que no es otro que el Ministerio de Justicia".