"El problema de Las Pitas ha sido la desidia de las administraciones"

CON la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, la Cruz al Méritod de la Abogacía y la insignia de oro de la Junta de Andalucía por su labor en el turno de oficio, no hay duda de que la trayectoria profesional de José María Muriel de Andrés es apabullante. Diez años decano del Colegio de Abogados y veinte años profesor de Derecho Civil, Muriel habla con pasión de su profesión y, sobre todo, de sus cuatro hijos: una médica, un abogado, una economista y un diplomático destinado en Washington. El pleito que ahora lo mantiene ocupado es el expediente de regulación de empleo en las cámaras agrarias de Andalucía, con más de 60 demandas en paralelo en siete provincias.

-¿Por qué se dedicó a la abogacía?

-Fue por pura vocación, en mi familia no había ningún letrado. Llegué a la profesión en el año 62.

-¿Cómo fueron los inicios?

-Empecé en el despacho de don Bartolomé Vargas, en la plaza de San Hipólito. Tenía como compañero a Alfonso Zafra. Ahí fue donde me formé. Don Bartolomé fue un maestro inenarrable; si soy abogado, se lo debo a él.

-¿La abogacía se aprende en las facultades?

-En la Facultad de Derecho se obtiene el título de licenciado, y ya cada cual se decanta por una especialidad. Pero la abogacía sólo se aprende ejerciéndola, con un maestro. Antes se hacía la pasantía, y ahora está la escuela de prácticas jurídicas. En la facultad no nos enseñan ni a ser abogados ni a ser nada. Cuando me colegié, éramos dos en aquella promoción; en Córdoba había cien colegiados y era muy fácil adscribirse a un despacho profesional. En el año 91, me separé del despacho. Coincidió con mi nombramiento como decano.

-¿Qué se aprende como decano?

-Muchísimo. Uno tiene que atender todos los problemas de la abogacía, el más importante y que persiste el turno de oficio. Ese es el caballo de batalla de la abogacía frente a la Junta, que es a quien le corresponde el pago. En mi época, el turno de oficio era gratuito, no cobrábamos nada. Pero llegó un momento en que se institucionalizó y se establecieron unos estipendios. Por supuesto, son muy inferiores a la realidad del trabajo. En el turno de oficio, uno pone toda su infraestructura empresarial al servicio del cliente. Y lo que se cobra no se corresponde con lo que se gasta. Si tuviéramos mentalidad de empresa, deberíamos exigir unos pagos muy superiores. Siempre lo digo: ¿dónde presta servicio un médico de la seguridad social? En un centro de salud o en un hospital. Y nosotros en nuestro despacho.

-¿Un letrado hace diferencias entre los clientes del turno de oficio y los de pago?

-No. Está la leyenda de que se hace una distinción, y no es cierta. La mayoría de quienes están adscritos al turno de oficio son letrados jóvenes y lo ponen todo de su parte. En diez años como decano no recibí ni una sola queja. Prestamos una seguridad social jurídica a un coste bajísimo. Los médicos ofrecen ese servicio en los hospitales, no en su clínica particular, pero nosotros no. Lo hacemos a un bajísimo coste para la administración.

-¿Está afectando la crisis a la profesión?

-La abogacía no ha sufrido tanto como otros sectores, la verdad. Es cierto que la Junta siempre se ha retrasado mucho en el pago del turno de oficio, a veces más de un año, pero eso no es nuevo. En mi época de decano convocamos dos huelgas por el turno de oficio como consecuencia de los impagos y porque los baremos no se actualizaban.

-¿Qué solución habría que darle?

-No es que el sistema funcione mal. De hecho, se ha ampliado y cubre todas las necesidades de las personas en relación con la Justicia. El problema es que la Junta tiene problema con los pagos.

-¿Por qué cree que hay cada vez más ciudadanos que desconfían de la Justicia?

-Sobre todo, por los retrasos. Hay asuntos que tardan dos años en celebrarse. Sobre todo en algunos municipios. Los ciudadanos se quejan con razón.

-¿Cómo podría cambiar esto?

-Napoleón decía que para ganar una guerra hacían falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Aquí ocurre lo mismo. Hacen falta más jueces, más funcionarios, más secretarios. Esa es la historia.

-Hay una propuesta del CGPJ de reducir el número de partidos judiciales a sólo tres en Córdoba. ¿Se arreglaría algo?

-No creo que ésa sea la solución. Eso para el justiciable es un perjuicio. La Justicia tiene que estar a pie de fábrica, lo más cercana posible al ciudadano. Y reducir los partidos implica alejar a la Justicia, aunque las administraciones quieran ahorrar costes. La Justicia debe servir primero a los administrados, y luego a la administración.

-¿Puede aplicarse una mirada empresarial a servicios públicos como la Administración de Justicia?

-No. El criterio de incentivos no se puede aplicar en este ámbito. No hablamos de una empresa, es un poder del Estado.

-¿Qué opina de la imagen de la Justicia ciega?

-Hay sentencias donde efectivamente falta el rigor, lo he experimentado en propia carne. Resoluciones que se nota que no son fruto de una reflexión profunda. Donde he acusado más deficiencias no ha sido en Córdoba, sino en mis relaciones con la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA. He visto sentencias con falta de rigor.

-¿Se copia y se pega en la Justicia?

-Ni siquiera eso. Presentas un recurso de apelación de diez folios y te dan una sentencia de un folio. No puede ser una sentencia motivada porque no responde a todo lo que tú has argumentado.

-Se habla mucho de la modernización de la Justicia, ¿por dónde ha de ir esta actualización?

-La aplicación de las nuevas tecnologías ha sido importante, pero no se ha traducido en una Justicia más rápida. Y esto es porque es un problema de personal.

-¿Es comprensible que el expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, gaste miles de euros en viajes y no haya dinero para ampliar la plantilla de funcionarios?

-Esto es inexplicable... ¿Cómo puede haber incurrido en esta tontería? ¿Qué necesidad tenía?

-¿Sus clientes le han hablado alguna vez de personas muy populares imputadas?

-No, no es habitual. Aunque entiendo que haya situaciones que molesten. Lo que ocurre es que cuando un caso es mediático todo el mundo opina. Debe prevalecer la presunción de inocencia.

-¿La opinión pública, los medios de comunicación, alguna vez le ha perjudicado?

-Tuve un caso hace mucho tiempo en el que había sido procesado un exdelegado de Hacienda de la Junta, el llamado caso de las tragaperras. Salía en la prensa todos los días y se estaba haciendo un juicio paralelo. Entiendo que el periodista tenga que ahondar mucho, pero tuve que publicar un artículo pidiendo que acabara ya aquello. Su familia y él estaban totalmente agobiados. Hay que dejar que la Justicia haga su trabajo.

-¿Se puede evitar?

-No, imposible. He tenido casos mediáticos en los que la persona finalmente fue absuelta, pero la sociedad ya lo había condenado y la impronta de culpabilidad es imposible de borrar. Es tremendo.

-¿Hay algún caso que lo haya marcado especialmente?

-Sobre todo, en relación a la parcelación de Las Pitas. Hubo un derribo y no termino de asumirlo. Se han producido condenas y derribos que no están justificados. Como dijo Sófocles en Antígona: "Llega un punto en que la Justicia es injusta". El derribo de este chalé, situado en el centro de Las Pitas, rodeado de viviendas, fue incomprensible. ¿Qué se conseguía con aquella decisión?

-¿Cómo se lo explicó al cliente?

-No hay explicación ninguna. Que un juez ordene un derribo en una urbanización incipiente lo entiendo... Pero no allí. Todo es consecuencia de la ampliación del Bien de Interés Cultural (BIC). La sentencia decía que la casa producía un impacto visual sobre el yacimiento, que está a dos kilómetros. Eso es muy difícil de explicar.

-¿Hay que buscar culpables de esta situación?

-El problema de Las Pitas ha sido la desidia de las administraciones durante años. He tenido sentencias que lo reconocían.

-Cuando visita Medina Azhara, ¿se le va la vista hacia las parcelas?

-Estamos a dos kilómetros... Hay una planicie tremenda entre el yacimiento y Las Pitas. He presentado multitud de fotografías en los juzgados que lo demuestra. Hay industrias legalizadas y un bar, todo legalizado. El límite natural es el canal del Guadalmellato.

-¿Algún parcelista le ha comparado su situación con la de las naves de Arenal 2000?

-Suele haber referencias, pero cada caso es distinto. Es muy difícil comparar. Yo nunca he discutido que la parcelación sea ilegal, pero otra cosa es que sea delictiva.

-¿Un parcelista tiene que tener suerte para que no lo juzguen en un determinado penal?

-Claro que sí, y es otra cosa que no se comprende. He tenido una sentencia condenatoria con derribo y varias absolutorias, y estamos hablando de la misma situación.

-¿Cuál es el caso que más satisfacción le ha dado?

-Un profesor acusado de abusos sexuales a unas alumnas que fue absuelto. Lo pasó muy mal. Le pedían seis años y yo le oculté el escrito de la Fiscalía, pero apareció en la prensa y le dio un amago de infarto. Fue un caso muy mediático, y luego fue absuelto. Las niñas habían fabulado y este hombre quedó totalmente destrozado. Fue un caso impactante.

-¿Se ha puesto en algún momento en la piel de su compañero José María Sánchez de puerta? ¿Cómo sería defender a José Bretón?

-La defensa es un derecho constitucional y, cuando se asume, se hace con todas las consecuencias. No caben medias tintas, y entiendo que mi tocayo tenga que agotar todos los medios. He tenido casos en que he rechazado la defensa. Recuerdo un caso que me tocó por el turno de oficio de una pandilla de jóvenes que habían sorprendido a una pareja cerca de La Arruzafa y estaban acusados de violación. No podía defender eso.

-¿Qué tiene que tener un letrado para estar tantos años en la profesión y venir al despacho incluso en el mes de agosto?

-Vocación. Y que conste que hay momentos muy malos. Darle la noticia a un cliente de que el pleito no ha terminado a su favor es comlicado. Aquí no se puede garantizar que el asunto se vaya a ganar.