Los políticos favorables a la fusión culpan a la Iglesia de la quiebra

Los políticos que dijeron sí a la fusión con Unicaja del último consejo de administración más los representantes de IU y PSOE en el consejo de administración de Cajasur desde mediados de 2005 han presentado su línea de defensa ante el Banco de España en el proceso de alegaciones que les permite hacer frente a los cargos que se les imputan sobre el proceso económico que condujo a la intervención de la entidad. El argumentario es bastante sencillo: la caja estaba gobernada por un grupo de miembros de la Iglesia, reservado, al margen de las responsabilidades formales de los órganos de gobierno y los políticos no hacían sino velar "de forma exigente" por la disciplina financiera de la entidad y por los procesos de control interno.

En primer lugar, hay que realizar una serie de aclaraciones. El expediente abarca cuatro cargos por los siguientes hechos: deficiencias de control interno, estar por debajo de los recursos propios computables, exceder los límites de grandes riesgos y negarse a la fusión con Unicaja (algo de lo que sólo se acusa a los miembros del Cabildo, de Aspromonte, los impositores y el PP, salvo Juan Ojeda).

De los tres cargos, dos tienen categoría de muy grave y otro es de carácter grave. Y cada cual responde en función del periodo en el que estuvo en el cargo. Entre los políticos que han presentado de forma conjunta su línea de defensa están Salvador Blanco, Juan Ojeda, Andrés Ocaña o Juan Pablo Durán, entre otros. En total, son doce ex altos cargos de Cajasur.

La defensa, presentada a finales del mes de diciembre, pide en primer lugar el archivo de todas las actuaciones al entender que no existen hechos punibles imputables a estos ex consejeros de la entidad. De forma alternativa, pide que se considere que se trata de hechos leves, lo que reduciría una multa de 150.000 euros por cargo a 5.000 euros.

Los políticos de partidos de izquierda en Cajasur desde 2005 más Juan Ojeda estiman en su escrito de alegaciones, de más de 60 páginas, que la entidad financiera no se gobernaba conforme a unas normas jerárquicas expresadas en un organigrama. De hecho, se llega a explicar que el ex vicepresidente ejecutivo de Cajasur Salvador Blanco -máximo responsable de las participadas- no tenía ni información adicional ni un papel relevante en la gestión de la entidad. Dicha afirmación se extiende a los miembros de la comisión ejecutiva y al vicepresidente no ejecutivo (Ojeda). "El auténtico núcleo de decisión estaba conformado por personas vinculadas a una de las entidades fundadoras, el Cabildo, y en particular el presidente (ejecutivo), a sus directores generales y a los directores y miembros del consejo a los que se atribuyeron funciones clave para el funcionamiento de la misma", se dice. Éstos últimos son los presidentes de comités como auditoría, retribuciones e inversiones (Francisco Jesús Orozco, Manuel Pérez Moya o Joaquín Alberto Nieva, todos ellos miembros del Cabildo).

Las alegaciones son una retahíla de citas de las actas reservadas del consejo, que obran en el expediente, sobre las intervenciones de Salvador Blanco, Juan Ojeda, Andrés Ocaña o Andrés Hens para demostrar que su presencia en el consejo no fue negligente "sino exigente y crítica" y que reclamaron de forma constante información o que efectuaron propuestas en el sentido de reclamar control interno, una gestión prudente de riesgos así como un plan de fusión con Unicaja que permitiera a la entidad cordobesa a volver a la senda de la estabilidad en los recursos propios. El escrito entiende además que no se puede imputar este hecho porque Cajasur no llegó a estar medio año por debajo del nivel requerido. Se vincula, también, el fracaso de la operación con Unicaja por la negativa del Cabildo a la estabilidad financiera de la entidad.

Cajasur, entiende la defensa, tiene unos problemas que parten de 2004 y antes; es decir, en la etapa de Miguel Castillejo como presidente. En su defensa, Durán, Ojeda y Ocaña alegan, por ejemplo, que reclamaron una auditoría a fondo sobre la concentración de riesgos a raíz de las acciones del empresario Rafael Gómez en la compañía Arenal Sur 21. Los políticos del PSOE e IU más Juan Ojeda exponen una serie de casos en los que el derecho a la información del consejo fue omitido cuando no directamente vulnerado. El caso concreto de las negociaciones con Unicaja son paradigmáticas. Se llega a aseverar que esas conversaciones se realizaron por el presidente, Santiago Gómez Sierra, y personas de su confianza sin dar cuenta en ningún momento a los consejeros. Se dice también que se reclamó, con la oposición expresa de miembros del Cabildo, una comisión reducida del consejo para tener acceso a determinada información "y no tener que hablar las cosas con el presidente por teléfono" (la frase es de Salvador Blanco).

Un segundo argumento es que los consejeros siempre requirieron información sobre la opinión del Banco de España ante la operativa y ante los distintos informes de éste. Se afirma, por ejemplo, que la compra de Arenal Sur 21se hizo por la reputación de Cajasur y la del Grupo Tremón con la aquiescencia del Banco de España. La valoración de activos, puesta en tela de juicio ahora, tuvo siempre refrendo técnico por parte de los ejecutivos de la casa.

Se asegura también desde los políticos de PSOE e IU más Juan Ojeda que nunca tuvieron información fiable sobre las operaciones de participadas, buena parte de ellas ligadas al ladrillo. Apoyan esta tesis determinados informes del Banco de España que aseguran que la información siempre era incompleta en el sentido de que nunca se aportaban todos los matices de una inversión o desinversión. Tal es el grado de desinformación que ahora se denuncia, que la sanción de 2006 al consejo presidido por Castillejo ni siquiera fue comunicada a los afectados.

Del grupo de doce ex altos cargos, se destaca la relevancia temporal. De Cárdenas se dice que estuvo cuatro meses en el cargo según el expediente investigado "con la convicción de que se cumplían" las órdenes del Banco de España y que se le aplica una ley inexistente durante su etapa en el cargo. De Francisco Pulido Aguilar, Andrés Ocaña, José Luis Bergillos o María José Lara se señala también que estuvieron sólo hasta 2008.