La Policía Nacional ha detenido a seis personas, entre ellas un funcionario de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba y empresarios las restantes, e investiga a dos personas, una de ellas la ex directora general de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consistorio, de Ciudadanos en el anterior mandato, supuestamente relacionadas con la causa de Infraestructuras, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de dicha área.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso, al tiempo que han apuntado que los detenidos por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y los investigados han quedado en libertad con cargos tras ser puestos a disposición judicial.

Están acusados de la supuesta comisión de delitos de cohecho, fraude a la administración, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Al respecto, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha citado a declarar como investigados al exedil del ramo David Dorado, la ex coordinadora general y cuatro personas más. Igualmente, el juez José Luis Rodríguez Lainz ha acordado citar en calidad de testigos a la actual primera teniente de alcalde delegada de Hacienda y edil de Empleo en el anterior mandato, Blanca Torrent, al titular de la asesoría jurídica, a la interventora y al coordinador general del Consistorio.

Las declaraciones se prevén para los días 17 y 29 de noviembre, según recoge la providencia. En este caso, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal han detenido desde principios de este año a una decena de empresarios dentro de las diligencias del caso, supuestamente relacionados con la tramitación de presuntas facturas falsas.

Al respecto, los detenidos han quedado en libertad con cargos y están acusados de la supuesta comisión de delitos de fraude a la administración, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, además de uno de ellos por supuesta comisión de delito de obstrucción a la justicia.

En concreto, dos de los empresarios han facturado al Ayuntamiento más de 3,5 millones de euros de 2020 a 2022, según las primeras pesquisas. Y otro empresario presuntamente ha emitido facturas falsas por unos 80.000 euros durante ocho meses del año 2021 y relacionadas con trabajos de jardinería, carpintería y otros vinculados a la Delegación de Infraestructuras.