"Ingreso Mínimo Vital, estafa total" es parte de lo que al menos medio centenar de personas ha vociferado a las puertas de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de la plaza de Colón de Córdoba para exigir al Gobierno español la implantación de una renta básica de emergencia para que las personas necesitadas puedan solicitarla "sin ningún tipo de papeleo" y sea concedida "inmediatamente". 

"El problema es el sistema", asegura la plataforma Marchas de la Dignidad, quiénes han convocado la concentración y con pancartas y consignas han obstruido un tramo de la vía a los coches, al referirse al atasco en la recepción y aprobación de la documentación del Ingreso Mínimo Vital. "Entendemos que esto es un desastre y que se va a trabajar en enmiendas al IMV, en las que nosotros no vamos a participar porque queremos insistir en la renta básica de emergencia", afirman. 

"La gente no come en diferido", critica uno de los portavoces de la plataforma, Rafael Juan, quien ha asegurado que la avalancha de solicitudes era previsible dadas las consecuencias económicas que ha dejado la pandemia. En este sentido, afirman que "los recortes del personal en las oficinas del SEPE hacen que el sistema se vuelva excesivamente burocrático". 

La propuesta es la puesta en marcha de una renta básica de emergencia de manera inmediata, sin tramitación y de forma universal, de manera que "el año que viene, en la declaración de la renta, se pongan las cuentas sobre la mesa". Esta renta básica de emergencia, según ha explicado Juan, "debe estar basada en la Carta Social Europea, que indica una cuantía de 739 euros por adulto y 150 por menor", lo que, según sus cálculos, supone una inversión total de 68.000 millones de euros de abril a diciembre para 18 millones de personas.

La plataforma ha recibido más de 300 solicitudes de ayuda en Córdoba para cumplimentar la recepción de documentos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, de los que solo un centenar han podido cumplir con toda la documentación requerida, ha informado otra de las portavoces, Esther Licona. 

Licona ha criticado la cantidad de papeleo y la obligatoriedad telemática para muchos trámites, que hacen que el proceso sea muy difícil para muchas familias. "Si el gobierno es de izquierdas y progresista según dicen, tienen que demostrarlo con hechos", han concluido.