La plantilla de Hitachi volverá a la huelga el 4 de febrero
El comité pone en marcha una caja de solidaridad para ayudar a los trabajadores y trabajadoras sancionados
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La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba retomará el próximo 4 de febrero el calendario de movilizaciones suspendido el pasado noviembre para facilitar la negociación del nuevo convenio colectivo. Así lo ha dado a conocer el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, después de la reunión mantenida con el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, con la que el comité inicia una ronda de contactos con las instituciones y partidos políticos de cara a buscar apoyos para lograr llegar a un acuerdo con la empresa. Esta, por el momento, se niega a retirar las sanciones impuestas a 76 trabajadores, 68 de los cuales ya han presentado una demanda en el Juzgado de lo Social.
García Leiva ha anunciado además la puesta en marcha de una caja de solidaridad para ayudar a los trabajadores y trabajadoras sancionados, todos ellos, afiliados a CCOO, sindicato que ostenta la mayoría absoluta en la empresa. Leiva agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba -que se ha comprometido a facilitar espacios para realizar actividades con el objetivo de recaudar ayuda y apoyo para las personas trabajadoras sancionadas- y de la Diputación provincial, que también se ha comprometido a arbitrar ayudas sociales a las familias. “La situación es bastante crítica”, reconoció el representante sindical quien, no obstante, dejó claro que “estamos unidos y ninguno de nosotros va a echar por tierra la fábrica que tenemos en Córdoba, que ha dado de comer a muchas familias, le da de comer a muchas familias y le dará de comer a otras muchas”.
En un comunicado de prensa, Enrique Santiago ha destacado que “no deja de sorprender es que en una provincia tan solidaria como Córdoba haya empresas que se comportan como si estuvieran en otra época anterior a que existieran derechos de los trabajadores, una constitución y un Estatuto de los Trabajadores. No deja de llamar la atención que esto ocurra en una empresa que tiene beneficios abultados, suficientes, por la dedicación de los trabajadores y trabajadoras. La verdad es que tanta falta de sensibilidad y falta de respeto a la legislación es algo que duele, y más hablando de una empresa que ha recibido subvenciones de la Junta de Andalucía, es decir, dinero generado por toda la sociedad andaluza con su esfuerzo, que se ha aprovechado de exenciones fiscales del Ayuntamiento, que ha recibido la solidaridad de toda la sociedad cordobesa y que no está dispuesta a cumplir con sus obligaciones”.
Santiago asegura que Hitachi “está eludiendo el cumplimiento de las normas en vigor que impiden la restricción de derechos fundamentales” y “la dirección de Hitachi está bordeando la legalidad penal en este país y entrando de lleno en una situación ilegalidad de 315 del Código Penal y creo que corresponde que la Fiscalía tome cartas en el asunto”. En este sentido, dijo que “los tribunales deben actuar con la máxima celeridad y dar prioridad a resolver sobre las sanciones” y que “no se dilate una situación de vulneración de derechos fundamentales”.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, insistió en que “nosotros hemos intentado desescalar el conflicto” y “seguimos abiertos a la negociación. Nunca nos hemos retirado de la negociación” pero “la empresa tiene una estrategia de cargarse a la mayoría de CCOO, que sustenta un buen convenio colectivo, y cargarse las condiciones de trabajo y abaratar los costes de producción”.
Jiménez quiso resaltar el trabajo de los delegados y afiliados de CCOO que “son ejemplo de lucha y aguantan en condiciones muy duras de intimidación y sancionados con 120 días de suspensión de empleo y sueldo, cuando el Convenio Estatal del Metal establece un máximo de 60 días”. Además, el responsable sindical hizo hincapié en que “es muy difícil sentarte a negociar un convenio colectivo cuando 6 de los 8 miembros de la comisión negociadora están sancionados con 120 días”, a pesar de lo cual, “seguimos dispuestos a negociar, pero con propuestas reales”.
Enrique Santiago animó a la sociedad cordobesa a mostrar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras sancionados que, “hay que recordarlo, no están trabajando por sus derechos, sino que están luchando porque los derechos laborales conseguidos se garanticen para las nuevas generaciones de trabajadores que se incorporan en plantillas industriales”.
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