La plantilla asegura que KME tenía premeditado el cierre
El comité de empresa manifiesta que la firma italoalemana lleva años perdiendo clientes y pedidos a conciencia para justificar el traslado de la planta cordobesa
Los trabajadores de la industria del cobre KME Locsa sólo encuentran una explicación a la decisión de cierre que les planteó la empresa el pasado miércoles y es que ésta ha sido una decisión "premeditada y provocada" por la propia firma. Así lo apuntó ayer el secretario de industria del sindicato UGT, Vicente Palomares, quien insistió en que la empresa es "rentable" y que los directivos en los últimos años se han encargado de "ahogarla" para cerrar la planta y llevarla a otro sitio. "Es consecuencia de la deslocalización que quieren llevar a cabo", aseguró su homólogo en CCOO, Rafael Morales, quien además coincidió con su compañero sindicalista en UGT en que la capacidad de producción de la empresa está más que probada.
Para los trabajadores ha sido un jarro de agua fría el plan de viabilidad presentado por KME Locsa, la antigua Electromecánicas, en el que se apuntaban pérdidas de 18 millones de euros y el cierre total en junio, lo que supone dejar en la calle a más de 100 empleados. "Llevamos años soportando recortes de sueldos, expedientes de regulación de empleo y ahora no nos merecemos esto", aseguró el presidente del Comité de Empresa, Francisco Pozuelo. El principal mercado de Locsa se encuentra en España y en el norte de África por lo que, aseguró, los gastos de transporte son mucho más económicos que si la producción se centralizara en Europa, como pretende KME. "Tenemos una cartera de clientes que, si la empresa quisiera, podríamos estar trabajando al 100% en sólo dos días", añadió Pozuelo. La plantilla argumentó también la productividad de la fábrica porque son ya varias las empresas del sector que se han interesado en adquirir la planta. Sin embargo, KME no quiere vender porque eso sería "tener en España una competencia brutal".
El comité de empresa pidió la implicación de "los políticos y las instituciones" a nivel provincial y andaluz, porque no pueden consentir "que los italianos se dediquen a desmantelar ahora la fábrica, llevándose las máquinas, cuya venta ya tienen apalabrada a un empresario indio".
La plantilla ya se ha reunido con el delegado de Empleo, Antonio Fernández, y esta semana hará lo propio con el alcalde, Andrés Ocaña, y el candidato del PSOE a la Alcaldía, Juan Pablo Durán. El comité de empresa aseguró que algunos políticos ya se han puesto en contacto con los directivos, aunque insistieron en que se trata de conversaciones a nivel privado y no quisieron detallar su contenido. Se trata de una empresa centenaria con mucho vínculo en Córdoba y, de hecho, los empleados aseguraron que "no queremos ser italianos", sino permitir la entrada de nuevos inversores para seguir trabajando. El cierre de Locsa, según apuntaron, sería una gran pérdida para la economía cordobesa y que se perderían más de un centenar de trabajos y una planta importante a nivel industrial que es la primera exportadora. Esta mañana tendrán la primera reunión con los directivos para tratar de llegar a un punto de acuerdo en el plan de viabilidad en la firma. Antes, los afectados y familiares se manifestarán contra el cierre.
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